Consideramos preocupante la situación del sector energético de nuestro país, que sufre los embates de la naturaleza y la falta de acciones efectivas de las diferentes administraciones gubernamentales para lograr una política de Estado acorde al desarrollo socio económico.
Por un lado, no tenemos certeza de la intensidad que tendrá el fenómeno de El Niño, que amenaza nuestra capacidad hídrica, afectando no solo las hidroeléctricas que generan más del 60% de la energía, también, y de manera drástica, la producción agrícola en Azuero; y que forzaría a ejecutar en el Canal de Panamá un plan de contingencia para hacerle frente a la sequía.
La intransigencia de los grupos indígenas en el conflicto de Barro Blanco, mantiene secuestrado el proyecto hidroeléctrico, ocasionando pérdidas millonarias para la empresa. La cancelación de la obra no es una opción y la propuesta de su nacionalización es igualmente inverosímil, además de costosa. Poner fin al conflicto, respetar la seguridad jurídica y permitir que la empresa culmine en beneficio del país, es lo correcto. Esta crisis, aunada a la suspensión de hidroeléctricas en Chiriquí, así como de las licencias eólicas y solares, enviarían mensajes que ahuyenten a las inversiones.
Reiteramos la disposición del sector privado en mantener abiertos los canales de comunicación con las autoridades para no repetir los errores del pasado y trabajar en una matriz energética con reserva suficiente para la venta y la contingencia. Respaldamos, de igual forma, su voluntad de establecer una política energética hasta el 2050 y esperamos la divulgación de un cronograma de licitaciones en los próximos cinco años.
La demanda energética continúa creciendo por encima del 5%, por tanto se hace necesario trabajar para que las licitaciones atraigan inversionistas experimentados, con proyectos que mejoren la eficiencia del parque energético para no arriesgar el desarrollo social y económico del país.
