¿Está la política por encima de la constitución?

Durante muchos meses, desde la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá presentamos propuestas basadas en la realidad de la ciudad y su problemática de estacionamientos, que perseguían obtener una iniciativa que abordara el asunto integralmente, en consulta y con la participación de todas las autoridades involucradas para atender el asunto de raíz.

En enero pasado, advertimos formalmente que el Proyecto de Ley que había sido aprobado atentaba contra derechos consagrados en nuestra Carta Magna: la libre competencia económica, libre concurrencia de mercados, así como el uso y disfrute de la propiedad privada.

Hace unos días, el Proyecto de Ley No. 10, que se refiere al cobro de estacionamientos, fue aprobado por insistencia en la Asamblea Nacional de Diputados. Si bien esto es un derecho constitucional que tienen los miembros del Órgano Legislativo, nos preguntamos por qué este documento fue aprobado sin considerar las objeciones que remitió el Órgano Ejecutivo, indicando que el mismo contiene lineamientos que contrarían principios consagrados en nuestra Constitución.

Somos firmes creyentes de que, para garantizar la gobernabilidad del país, los Órganos del Estado deben actuar limitada y separadamente, pero en armónica colaboración. Sin embargo, al presentarse ahora un escenario en el que al Órgano Judicial le corresponde decidir sobre la constitucionalidad del Proyecto de Ley, nos preocupa el cuestionable contexto político del que somos testigos.

Lo que se debate ahora es si el Órgano Legislativo aprueba proyectos desconociendo la Constitución o el Órgano Ejecutivo los objeta sin fundamentos genuinos en esta, en síntesis, si está la política por encima de la Constitución.

Ing. Carlos G. Fernández

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