Nuestra institución promueve entre todos los sectores, el cumplimiento con los deberes del Estado entre los que se encuentran el pago de  los impuestos al fisco, para continuar impulsando el desarrollo social del país.

Sin embargo, vemos con preocupación el Anteproyecto de Ley No.123, que adiciona delitos fiscales al Código Penal, iniciativa presentada recientemente en la Asamblea Nacional de Diputados, pues para ello las actuaciones de la administración tributaria se deben realizar con estrictos parámetros de transparencia e independencia.  Esta medida, además de apresurada, es innecesaria puesto que nuestro Código Fiscal ya establece penas, tanto monetarias como de privación de libertad, para aquellos que las infrinjan.

El sector empresarial, y en especial esta Cámara, como actores responsables de la sociedad, continuará promoviendo el cumplimiento con las regulaciones tributarias.  Por su parte, las autoridades deben ejercer sus facultades fiscalizadoras de una forma no selectiva, transparente y respetando los derechos de los contribuyentes, que se detallan en la Ley No. 8 de 2010:  derecho a ser tratado por los funcionarios fiscalizadores con el debido respeto; ser considerado un contribuyente cumplidor de sus obligaciones tributarias, mientras que no se aporte prueba concluyente de lo contrario; derecho a la confidencialidad de los datos recabados en la investigación, entre otros.

Aprovechando la coyuntura de las últimas semanas, es válido mencionar que las revisiones y alcances fiscales, no solo deben ser independientes y transparentes, sino que también debe percibirse que lo son. Se debe promover un sistema que garantice que toda acción de la Administración Tributaria, no sea influenciada por razones de ninguna otra índole que las exclusivamente técnicas, para garantizar la genuina independencia que debe existir para estos menesteres.