En los últimos días, la opinión pública se ha visto consternada por diferentes hechos presentados en torno a investigaciones que se adelantan por señalamientos de delitos contra la administración pública. Mucho se ha comentado sobre el otorgamiento de medidas cautelares potencialmente desproporcionadas y otras actuaciones cuestionadas, creando intranquilidad y desasosiego.
Lo presentado en estas semanas, nos lleva nuevamente a expresar preocupación ante la situación de nuestra administración de justicia, que a su vez impacta nuestra economía, afecta nuestra imagen internacional y pone en riesgo el desarrollo pleno del país. Según el Índice Global de Competitividad del Foro Económico Mundial, dentro de las mediciones institucionales, en materia de Independencia Judicial, ocupamos la posición 119 de 140 países evaluados. Esto es inaceptable. Recordemos que la confianza en el Estado de Derecho, el respeto a las garantías fundamentales y la seguridad jurídica es indispensable para el desarrollo de la economía y la atracción de inversiones de calidad, especialmente en este momento crítico del escenario económico que se presenta en América Latina.
Ante este escenario, y volviendo al ámbito de los procesos penales recientes, nuestras autoridades tienen más que nunca no solo el deber de enmarcar sus actuaciones estrictamente dentro del marco legal, respetando en todo momento la presunción de inocencia, el derecho a la defensa y garantizado el debido proceso a los imputados, sino que también deben ser lo suficientemente maduras para evitar realizar actuaciones que puedan perjudicar posteriormente los procesos que adelantan. Esto último es doblemente peligroso, pues, por un lado, crea duda sobre los sustentos con los que se cuenta para los casos y la legalidad de lo actuado, a la vez que puede resultar en una sensación generalizada de impunidad.
En la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, hacemos un llamado a un diálogo nacional que resulte en los ajustes necesarios al marco legal, incluyendo nuestras normas constitucionales, para asegurar el robustecimiento de la administración de justicia, la total independencia de jueces, fiscales y demás auxiliares de la justica de presiones externas, así como la asignación de los recursos necesarios para que las autoridades cuenten con las herramientas apropiadas para hacer su trabajo y se les brinde la capacitación correspondiente.
Próximos a finalizar el año, recuperar la confianza ciudadana en nuestras instituciones, continúa siendo uno de los mayores retos que tenemos como país. Su recuperación únicamente será posible cuando nuestros gobernantes tomen acciones valientes en aras de fortalecer las mismas, incluyendo evidentemente los pasos necesarios para garantizar una justicia efectiva y certera.
