Las empresas operativas del Estado como: ETESA, IDAAN, Autoridad de Aseo, Caja de Seguro Social, Mi Bus, Tocumen, S.A., por mencionar algunas de las que están llamadas a proveer servicios de agua, energía eléctrica, recolección de Basura, transporte público, prevención y salud, necesitan acciones que mejoren sus operaciones y satisfagan a la población.
Todos los gobiernos prometen y tratan de hacer su trabajo mejor que el anterior. De hecho, los funcionarios y dirigentes de estas empresas hacen un esfuerzo enorme en optimizar la operación, pero la triste realidad es que sus servicios no están a la altura de las necesidades, a pesar de que los dineros de todos los panameños son invertidos en sus servicios.
Una de las razones por las que este círculo vicioso no termina, es la falta de estabilidad. Cada quinquenio, las autoridades cambian a los miembros de la junta directiva de estas empresas, cambia el director y este a su vez cambia a todos los ejecutivos de alto nivel, quienes, a su vez, cambian a sus subalternos. Con ello, se pierde toda la experiencia ganada y se empieza el proceso de cero.
¿Qué proponemos? Trabajar una legislación que cambie la forma en la que se administran estas empresas operativas:
- Tomando el ejemplo del Canal de Panamá, la rotación de la directiva debe limitarse a dos miembros y el ministro responsable del servicio por cada quinquenio. De manera que haya miembros nuevos y otros con hasta 7 u 8 años de experiencia, que permita dar continuidad a los planes y proyectos.
- Los miembros de la directiva no deben representar a ningún gremio, sindicato o beneficiarios del servicio, sino personas con experiencia probada en la administración y dirección de empresas públicas o privadas con solvencia moral y trayectoria intachable, que velen por los mejores intereses de la entidad.
- El administrador o gerente de la empresa debe ser nombrado y removido por la junta directiva. Un administrador con buen desempeño no tiene que ser cambiado al culminar su periodo.
- Las tarifas de los servicios deben ser establecidas por la directiva, previa consulta ciudadana, pero ajustada a la realidad de la operación a fin de garantizar su rentabilidad, ofrecer un servicio de excelencia, reinvertir en la mejora continua y mantenimiento. En el caso del agua, actualmente pagamos US$0.008 por litro (menos de un centavo), mientras su tratamiento y distribución cuesta US$0.03. Por su parte, los subsidios deben estar focalizados a los usuarios que realmente lo necesiten por condición social. Esta tarifa tan baja, solo incentiva el despilfarro de un producto vital.
- Por la naturaleza del servicio que brindan, los procesos de compra y contratación deben gozar de prioridad para que sean más expeditos que el del resto de las instituciones, sin dejar la transparencia y rendición de cuenta. Gran parte de los problemas que enfrenta el IDAAN y, como hemos visto recientemente en ETESA, la burocracia obstaculiza su mantenimiento y crecimiento.
Nuestra propuesta es que, el Órgano Ejecutivo, con la representación de cada una de las empresas operativas, respaldados por el sector privado, trabajemos en una propuesta legislativa que trabaje estos conceptos y solucione la crítica situación de estos servicios tan relevantes para la calidad de vida de nuestros conciudadanos.
