El Observatorio de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) realizó un desayuno temático donde se tocó el tema de las reformas penitenciarias, el cual contó con la participación de María Luisa Romero, viceministra de Gobierno, en calidad de expositora; José Ayú Prado, presidente de la Corte Suprema de Justicia; Rafael Pino Pinto, gobernador de la Provincia de Panamá; y Alfredo Castillero Hoyos, defensor del Pueblo.
En este evento se habló del estado actual de la justicia penal, enfatizando en que esta situación es grave en los países de medianos y bajos ingresos como es el caso de todos los de América Latina y de la gran mayoría de los países del Caribe.
La Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura afirma que “la sobrepoblación penitenciaria, además de ser en sí misma una forma de expresión cruel, inhumana y degradante, genera todo tipo de violencias y degradaciones al interior de las cárceles”.
Jorge García Icaza, presidente de la CCIAP manifiesta que esta sobrepoblación “resulta un desafío para la administración de justicia y el ministerio de gobierno” añadió que otra situación especialmente grave es el de los privados de libertad que están presos por largos períodos a la espera de su sentencia, situación que debe mejorar con la implementación del Sistema Penal Acusatorio.
En este contexto, el gremio empresarial considera importante participar en las iniciativas que contribuyan a la rehabilitación de la población privada de libertad. Ante ello, el día 7 de septiembre del presente año se dio la firma de un convenio de cooperación con el Ministerio, que persigue la inserción laboral de los jóvenes del centro de cumplimiento de Pacora y el centro de custodia de Tocumen, que hayan completado el proceso establecido en los programas de dichos centros.
