Cuando el Gobierno Nacional anunció en enero de 2022 la realización de un acuerdo con Minera Panamá, lo consideramos un hito importante para la República por tratarse de una actividad económica que representa una fuente significativa de riquezas para el país, al igual que para las cuarenta mil familias panameñas cuyo sustento diario depende de esta actividad.
Sin embargo, casi año después, vemos con preocupación el giro errático que han tomado las negociaciones necesarias para formalizar dicho acuerdo; poniendo de un lado al Estado panameño, quien busca obtener los ingresos justos que le corresponden por su recurso mineral; y del otro a una empresa extranjera que, hace una década, vio a Panamá como un puerto seguro para invertir, realizando la mayor inversión extranjera privada en la historia del país.
Entendiendo que las negociaciones han sido complejas, los últimos comunicados del Gobierno Nacional nos dejan con más preguntas que respuestas sobre el futuro del proyecto, y las consecuencias tanto económicas como reputacionales que podría afrontar el país en caso de cumplirse la fecha límite sin haber llegado a un acuerdo.
Por ello hacemos un llamado urgente a las partes para reconducir la negociación, enfocándose en fórmulas ganar – ganar, a través de las cuales se logre un balance justo que reconozca al Estado lo merecido, y a la empresa un beneficio que tome en cuenta las condiciones y los riesgos asociados a la actividad que desarrolla. De lo contrario, corremos el riesgo de aniquilar una actividad que representa 3.5% del PIB de Panamá; estando en juego no solo la inversión que el propio Estado promovió, sino el futuro de una actividad económica que, bien desarrollada, puede ser instrumental para los panameños.
En este proceso, los grandes ganadores deben ser los panameños, por lo que apelamos a las partes para que sopesen lo antes mencionado, y logren un desenlace satisfactorio que garantice mejores días para Panamá.
Marcela Galindo De Obarrio
Presidente CCIAP
