En otras palabras, que tanto funcionarios públicos del IFARHU, la Contraloría General de la República o cualquier otra institución del Estado; así como, individuos privados que hayan recibido dineros de forma indebida les caiga todo el peso de la ley sin importar de quien se trate.

Y, es que no se trata tan solo de castigar a los responsables, sino de enviar un mensaje claro y contundente: en Panamá, no toleraremos la corrupción.

Es inaceptable que quienes deben velar por el buen uso de los recursos públicos fallen en su deber y traicionen la confianza de la ciudadanía. Por esto, esperamos de todos los nuevos funcionarios se conduzcan de forma transparente y honesta. Además, exigimos al Contralor General de la República, devele de una vez por todas, quienes son los beneficiarios de estos auxilios económicos, que él decidió ocultar sin justificación moral alguna.

No es suficiente con indignarse; es momento de actuar. Necesitamos respuestas y, sobre todo, justicia. La impunidad no puede ser una opción, la lucha contra la corrupción es una responsabilidad compartida – todos debemos involucrarnos – y sólo a través de la unidad y la determinación lograremos construir un país de oportunidades. No podemos permitir que la corrupción nos siga robando el futuro y mucho menos por el futuro de los jóvenes panameños.

Juan Alberto Arias S.
Presidente CCIAP

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