La intransigencia que mantienen unos grupos en torno a la construcción del proyecto hidroeléctrico de Barro Blanco, ha degenerado en enfrentamientos lamentables y demandas irrespetuosas hacia la máxima autoridad.
Rechazamos el uso de medidas anárquicas para imponer posturas, alejadas de los principios de legalidad y de la pacífica convivencia que debe existir en nuestra sociedad. El cierre de la vía interamericana que se prolongó durante la jornada del pasado jueves, representó afectaciones irrecuperables en bienestar, competitividad y productividad para quienes transitan por esta ruta, incluyendo estudiantes, productores y trabajadores.
Es inaceptable que se permita a estas agrupaciones que secuestren la entrada del proyecto, siendo propiedad privada, impidiendo a los colaboradores ingresar a sus puestos de trabajo.
Para superar esta crisis las autoridades deben hacer cumplir la Ley y velar por que se respeten las garantías constitucionales, como son la libertad de tránsito y el uso y disfrute de la propiedad privada. Incumplir lo pactado, cancelar una obra que reporta un 95% de avance u otras opciones como la nacionalización, es peligroso tanto para el perímetro de la obra como para la seguridad jurídica de las inversiones de nuestro país.
Teniendo un plan de inversión pública ambicioso, que requiere de la participación del sector privado, es obligatorio tener un ambiente atractivo para inversionistas y entidades financieras. La demanda energética supera la oferta actual y las licitaciones para lograr que esta brecha se cierre estarán en riesgo si se mantienen los criterios de esta crisis, poniendo en riesgo el crecimiento económico.
Apelamos a que se logren con prontitud los acuerdos que permitan que los concesionarios, que tienen los mecanismos para brindar apoyo a la comunidad, culmine el proyecto para el beneficio de todos.
Ing. Carlos G. Fernández
