Desde nuestra Cámara, deseamos extender nuestro más sincero reconocimiento a la comunidad Ngäbe Buglé, a las autoridades y a los representantes de la Iglesia por su disposición al diálogo para atender el conflicto que generó sobresaltos por más de una semana, una ejemplar iniciativa que esperamos se mantenga en las siguientes etapas de negociación de los puntos en conflicto.

Nuestra institución insta a todos los actores de la sociedad a reflexionar sobre estos lamentables incidentes que pudieron evitarse a través de adecuados espacios para el diálogo. Solamente a través de la profunda reflexión sobre lo acontecido, lograremos un aprendizaje que nos llevará en el camino correcto para convertirnos en la sociedad madura, que permita el desarrollo en democracia al que todos aspiramos.

Reiteramos la importante labor que tenemos como actores responsables, a la permanente búsqueda de consensos dentro de los espacios de diálogo en donde cada una de las partes exponga sus argumentos, como la única opción viable, para evitar futuros conflictos.

Nos mantenemos optimistas frente a las consecuentes etapas del debate de este conflicto. Aspiramos a que se realice un análisis amplio para que, más allá de debatir si deben ejecutarse o no los proyectos hidroeléctricos, se logren acuerdos sobre cómo hacerlo responsablemente sin prejuicio al país y pensando en el impacto en el futuro energético, no solo para los panameños de nuestras comarcas, sino para la población en general.

Nuestro gremio reitera su rechazo a la paralización de labores y a los cierres de calle como una medida para protestar o expresión de opinión.

Nos aflige la situación precaria que han vivido los productores de la provincia de Chiriquí con el cierre de la vía Interamericana, pero más preocupante aún, es el estrés innecesario vivido en esta provincia, en el resto del país y en los países vecinos. Esto es mucho más importante que cualquier pérdida económica que se presentó.

Vemos con preocupación el desequilibrio social y económico que esta situación produjo entre los habitantes de nuestro país y las posibles afectaciones al auge turístico, por los cientos de extranjeros que estuvieron atrapados por días. Además, estos hechos ocasionan confrontaciones entre las comunidades en protesta y los sectores vecinos, que se han visto afectados por el desabastecimiento de combustible, alimentos y otros enseres básicos, mientras nuestros productores han tenido pérdidas cuantiosas por la falta de disposición para iniciar un diálogo, sin obstinaciones, en el cual ambas partes puedan deponer sus intereses por el bien del país.

Durante años, todos los sectores de la Sociedad, hemos recorrido un largo camino para presentar una imagen de un país estable y de envidiable crecimiento. Una imagen que se deteriora al presentarse acciones irresponsables como los cierres de calle que han acaparado la atención de organismos locales y extranjeros.

Insistimos en la necesidad de mantener los canales de comunicación abiertos para encontrar los espacios de entendimiento y las formas apropiadas para expresar posiciones y defender intereses, para una rápida solución al conflicto procurando siempre el bienestar general y no afectar los derechos de terceros.

Nuestra Institución es consciente de la necesidad de crear las instancias que permitan agilizar la administración de justicia, disminuyan la mora judicial y atiendan los temas  constitucionales.

Sin embargo, reconociendo la importante labor que realizó la Comisión Especial de Consulta de las Reformas a la Constitución Política, al consensuar las propuestas presentadas por la Concertación Nacional para el Desarrollo y elaborar el proyecto de modificaciones, consideramos oportuno conocer la figura de la Corte Constitucional, que a nuestro entender, vendría a solventar la razón por la cual se desea restablecer la Sala Quinta.

Hacemos eco de la necesidad de realizar un análisis profundo de un tema tan relevante para todos los ciudadanos como éste y evocamos lo estipulado en el Artículo 2 de nuestra Carta Magna, que señala que el Poder Público solo emana del pueblo y lo ejerce el Estado conforme la Constitución lo establece, por medio de los tres Órganos, que tienen que actuar limitada y separadamente pero en armónica colaboración, para garantizar un Gobierno democrático.

Consideramos necesario que la instancia que se cree, sea producto de un debate desapasionado, no político ni partidista y siempre en función de los mejores intereses de la Nación, con fundamentos que blinden la administración de la justicia y fortalezcan el principio de independencia, donde el verdadero ganador sea un país que pueda presentarle a la comunidad nacional e internacional, acciones que fortalezcan las instituciones.

Orgullosamente, podemos decir que Panamá ha tenido una década de ininterrumpido crecimiento, con perspectivas para que este año la actividad productiva también crezca, en al menos un 7%, y nos mantengamos en el radar de los inversionistas, pese al escenario internacional.

Ante la fortaleza y diversificación de nuestra economía, es bajo el riesgo para no lograr la cifra de crecimiento esperada. Sin embargo, es importante recordar que las inversiones prosperan en donde impere el estado de derecho y las instituciones democráticas.

Consideramos que persisten factores institucionales débiles y  riesgos políticos, que inciden en el clima de estabilidad y confianza que se requiere para mantener los elementos que nos permitieron obtener el codiciado grado de inversión, mejorar los niveles de competitividad del país y satisfacer aspectos que son prioritarios para la población en general, como educación, seguridad, salud.

Es imperativo fortalecer el principio de la separación de los poderes, básico en toda democracia,  para el certero desarrollo del país, en un ambiente sin sobresaltos, confrontaciones ni desgaste de la imagen y credibilidad de las instituciones.

Este año se tomarán importantes decisiones para el devenir del país. Por ello, solicitamos que se respeten los acuerdos logrados en la mesa de negociación sobre las Reformas Constitucionales y Electorales, además, que las designaciones de cargos en instituciones clave, como la Corte Suprema de Justicia, Tribunal Electoral y la Autoridad del Canal de Panamá, se realicen alejadas de la política partidista.

Históricamente, nuestro gremio, ha propiciado con vehemencia el desarrollo de políticas de Estado a largo plazo y el fortalecimiento de las instituciones, para que continúen siendo orgullo para los panameños, tal como ha sido en los más de 20 años de democracia.

Nuestra institución promueve entre todos los sectores, el cumplimiento con los deberes del Estado entre los que se encuentran el pago de  los impuestos al fisco, para continuar impulsando el desarrollo social del país.

Sin embargo, vemos con preocupación el Anteproyecto de Ley No.123, que adiciona delitos fiscales al Código Penal, iniciativa presentada recientemente en la Asamblea Nacional de Diputados, pues para ello las actuaciones de la administración tributaria se deben realizar con estrictos parámetros de transparencia e independencia.  Esta medida, además de apresurada, es innecesaria puesto que nuestro Código Fiscal ya establece penas, tanto monetarias como de privación de libertad, para aquellos que las infrinjan.

El sector empresarial, y en especial esta Cámara, como actores responsables de la sociedad, continuará promoviendo el cumplimiento con las regulaciones tributarias.  Por su parte, las autoridades deben ejercer sus facultades fiscalizadoras de una forma no selectiva, transparente y respetando los derechos de los contribuyentes, que se detallan en la Ley No. 8 de 2010:  derecho a ser tratado por los funcionarios fiscalizadores con el debido respeto; ser considerado un contribuyente cumplidor de sus obligaciones tributarias, mientras que no se aporte prueba concluyente de lo contrario; derecho a la confidencialidad de los datos recabados en la investigación, entre otros.

Aprovechando la coyuntura de las últimas semanas, es válido mencionar que las revisiones y alcances fiscales, no solo deben ser independientes y transparentes, sino que también debe percibirse que lo son. Se debe promover un sistema que garantice que toda acción de la Administración Tributaria, no sea influenciada por razones de ninguna otra índole que las exclusivamente técnicas, para garantizar la genuina independencia que debe existir para estos menesteres.