Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá hace llamado al diálogo entre el Gobierno y Genisa

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) considera que el acuerdo entre el Gobierno Nacional y los pueblos originarios satisface sus exigencias a la vez, que respeta la seguridad jurídica de la empresa Generadora del Istmo, S.A. (Genisa), por lo que hace un llamado al diálogo entre las partes.

“Es importante recalcar que no somos voceros de la empresa, sin embargo, como gremio empresarial hacemos un llamado a la cordura y al diálogo entre las partes para culminar esta serie de reclamaciones y descalificaciones que genera mayor conflicto”, dijo Jorge García Icaza, presidente de la CCIAP.

García Icaza añadió que, así como se logró un acuerdo en paz entre el gobierno y el pueblo originario, el gremio exhorta a la empresa a que tome en cuenta el atraso en la entrega de la obra, en parte, causado por este conflicto que se ha dado.

“Es cierto que la empresa no participó en las negociaciones con los pueblos originarios una vez que el gobierno inicio el proceso; no obstante, según la información que manejamos estaba anuente a la opción de colocar sus acciones en un fideicomiso”, expresó. Esto, a juicio del presidente del gremio, respeta la seguridad jurídica de Genisa como propietaria.

El fideicomiso garantiza que se paguen los gastos operativos de la empresa, los intereses de la deuda y los abonos a capital antes que los accionistas vean su inversión, explicó García.

El presidente de la CCIAP sostuvo que la salida que se acordó de que el dueño del proyecto contrate a una empresa independiente para operar la hidroeléctrica había sido aceptada por la empresa.

La situación que se generó deja un mensaje de fondo, que advierte “que los gobiernos no pueden seguir dando concesiones para hacer proyectos de envergadura como Barro Blanco, Chan II, Rio Indio y Bayano (estos últimos tan necesarios para el país) en manos de la empresa privada, para que negocie las indemnizaciones económicas, culturales, ambientales, etc., debe ser responsabilidad del Estado, que es el que decide dónde se va a hacer un proyecto de interés social y negociar las compensaciones”, expresó.

García Icaza consideró, también, que se ha creado un precedente en cuanto a las compensaciones que van a recibir las comunidades alrededor de los proyectos importantes. “Algunos dirán que es mucho dinero y al país le costará millones de dólares en nuevos subsidios, pero otros dirán que es la única forma de lograr una paz social, mejorando la calidad de vida de estas áreas apartadas y marginadas donde se hacen estas obras.

“Esperamos que la inversión pública anual cerca de 3 millones de dólares que se hará en las comunidades alrededor de la presa sean bien invertidos, para mejorar la calidad de vida de esta población. De ser así, abrigamos la esperanza de que exista una educación de primer mundo y facilidades como, salud, higiene y alimentación básica”, agregó García Icaza.