El inicio del penúltimo año de la actual administración establece para el Gobierno el reto de asegurar un clima de estabilidad hasta el fin de su mandato, el cual pasa por la ejecución de políticas que trasciendan su gestión, al interpretar los intereses más altos de la sociedad panameña.
Lo anterior comprende sustraer de la agenda gubernamental consideraciones políticas de coyuntura para atender de manera prioritaria asuntos de Estado, como la separación de poderes que permitan la plena independencia de la justicia, y que, como hemos indicado anteriormente, requiere reformas puntuales a la Constitución Política, y una conducción, sin obstáculos, del próximo torneo electoral por parte de las autoridades correspondientes y sin interferencia extraña alguna.
De manera puntual, y con sentido de urgencia, debe también el Ejecutivo promover condiciones para lograr la competitividad que el país necesita mostrar en el exigente escenario internacional, lo cual reclama el fortalecimiento de sectores productivos como el industrial y el agrícola, este último postergado largamente en el desarrollo nacional. Además, la educación sigue siendo un factor a privilegiar como requisito indispensable para alcanzar las metas que nos proponemos como sociedad, con énfasis prioritario en educación técnica en aquellas profesiones de alta demanda, al tiempo que el abastecimiento sostenido de medicinas debe ser atendido con la importancia que demanda la salud de la población, al igual que soluciones prontas y efectivas para el agobiante problema del transporte público.
En el último tramo de su gestión, el actual gobierno debe impedir que los trámites en el engranaje estatal caigan en una inercia paralizante que dificulte aún más un sinnúmero de actividades que concurren en la vida productiva del país, y se debe concretar la automatización de la mayor cantidad de trámites sensitivos posible para eliminar la discrecionalidad y agilizar los mismos.
Un aspecto que también impacta de manera significativa la calidad de vida de los ciudadanos es la inseguridad. Este es un problema a contrarrestar tanto con energía como con inteligencia para atacar los delitos comunes como hurtos y robos y combatir con eficiencia a las organizaciones criminales (delincuencia organizada).
En resumen, los ciudadanos deben percibir que la administración trabaja al servicio permanente del bien público y no en función del calendario hacia las próximas elecciones.
Inocencio Galindo De Obarrio
Presidente CCIAP
