En las democracias sólidas y vigorosas las políticas de Estado se caracterizan por su continuidad sostenida en el tiempo, ya que trascienden a las sucesivas administraciones al comportar el interés general.
Entre nosotros prevalece el sentido de legado que los gobernantes buscan para diferenciarse de sus antecesores, lo que los lleva a adoptar modelos que consideran mejores.
Nuestra institución, cuando el país se encamina a una nueva contienda electoral, exhorta a las colectividades políticas y a quienes aspiran a conducir los destinos del país, a presentar estrategias que nos ahorren virajes bruscos sin sentido durante los siguientes gobiernos.
En 1998 y bajo los auspicios del PNUD, la sociedad civil, los partidos políticos y representantes de todos los sectores del país, se logró por consenso la identificación de la Visión Nacional de Panamá 2020. “Pocos países – dijo entonces el organismo mundial – han podido tener una experiencia de este tipo. Haberlo realizado honra Panamá en su conjunto”.
Aquel compromiso establecía metas y objetivos que debían cumplirse y “un informe periódico sobre el estado de la Nación para poder establecer sus avances”. Comprendía, entre otros aspectos, la consolidación de la institucionalidad democrática mediante la modernización y democratización del sistema electoral, la eficiencia y transparencia en la administración, y la erradicación de la corrupción y la impunidad.
Planteaba, igualmente, el desarrollo de una economía de mercado con equidad social, a la vez que potenciar nuestras ventajas competitivas con el apoyo a los sectores económicos prioritarios; la elevación de la calidad de la vida de la población; la redefinición del proyecto educativo nacional y la sostenibilidad ambiental. Lo anterior a lograrse mediante la observancia de una serie de pactos de Estado sostenibles en el tiempo político.
Pero la mayoría de aquellas propuestas no fueron adoptadas, y cumplir plenamente con los objetivos fijados por Naciones Unidas para las primeras décadas del milenio, relativas a la igualdad y la inclusión sociales, son desafíos insoslayables para los gobiernos siguientes, junto con asegurar para la Justicia condiciones que le permitan exigir cuentas por el manejo de los recursos públicos y sancionar a quienes sean culpables.
La CCIAP seguirá con atención el desarrollo de la próxima campaña política, para exigir que éstas sean alcanzadas.
Inocencio Galindo De Obarrio
Presidente CCIAP
