La atención del país se concentra una vez más en el desempeño de nuestras instituciones, esta vez por cuenta de la decisión que la Corte Suprema de Justicia adopte finalmente con relación a su jurisdicción en la causa seguida al ex presidente de la República, Ricardo Martinelli.
El Pleno de la Corte Suprema de Justicia tiene una decisión trascendental en sus manos por cuanto establecerá precedente, con respecto a la competencia donde se debe atender el caso en mención, a fin de que cumpla con el debido proceso permitiendo que se juzgue respetando los derechos de todas las partes.
La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá mantiene el criterio que nuestra democracia requiere de instituciones transparentes e independientes para su debido funcionamiento, a la vez que darse un auténtico de Estado de Derecho, en cuyo marco impere la ley, y ésta sea aplicada a todos, sin diferencia. De allí la reiterada insistencia de nuestro gremio para que se produzcan en nuestro ordenamiento constitucional reformas que consoliden la independencia y la imparcialidad de la justicia, al igual que en el proceder de todas sus instancias.
Oportuna en este sentido es entonces la reflexión de la Conferencia Episcopal de Panamá, al urgir “que el sistema de justicia consolide su imparcialidad, su oportunidad al momento de juzgar y su legítima autonomía. Es preciso que quienes ejercen la justicia sancionen de manera justa a quienes transgreden la ley aplicando las penas proporcionales al delito cometido y a su circunstancia específica, evitando la impunidad, la corrupción, el autoritarismo, la discrecionalidad y la venganza”.
Los panameños somos conscientes que debe privilegiarse el respeto de las garantías fundamentales de los ciudadanos, lo cual comporta una actuación tan mesurada como equilibrada de los tribunales. Pero igualmente la paciencia nacional va en vías de agotarse por el diligenciamiento de obstáculos que entorpecen la labor de la justicia y allanan el camino a impunidades de vergüenza. Además de dilatar, sin razones mejores, decisiones que pueden ser inclusive favorables para los encausados.
Panamá reconoce y defiende la autonomía de la Justicia como poder independiente del Estado, al tiempo que reclama el derecho de hacer sentir sus opiniones sobre asuntos de trascendencia, como el que espera ver definido por la Corte Suprema de Justicia, con sentido de Sociedad y de Nación. De eso se trata.
Gabriel Barletta
Presidente CCIAP
