Panamá ha recorrido un largo camino gracias al sistema democrático y de libre mercado. No es un sistema perfecto —ninguno lo es—, pero es el que nos ha permitido crecer, emprender y mirar con esperanza hacia el futuro.
Tenemos retos urgentes que ya no se pueden seguir postergando. La corrupción nos ha hecho mucho daño, y la falta de respuestas efectivas en temas básicos como salud, educación, seguridad y empleo digno ha profundizado el descontento ciudadano. Pero no es cambiando el sistema como resolveremos estos problemas. Es fortaleciéndolo. Es exigiendo instituciones sólidas, leyes que se cumplan, justicia igual para todos y un Estado que trabaje para la gente, no para intereses particulares.
Las últimas elecciones fueron claras: el pueblo panameño no quiere un cambio de sistema. Quienes proponen un modelo distinto al democrático y de libre mercado no alcanzaron ni el 2% del respaldo. Lo que sí quieren los panameños son autoridades responsables, honestas y transparentes, comprometidas con el desarrollo del país. La ciudadanía quiere cambios reales, pero dentro de un marco institucional y democrático.
Además, sobran los ejemplos lamentables de lo que este tipo de sistemas representan para un país y su población. Basta mirar hacia Venezuela, Nicaragua o Cuba. Cientos de miles de sus ciudadanos han buscado refugio en otros países –incluyendo Panamá – huyendo de regímenes autoritarios, crisis económicas, falta de libertades y desesperanza. Los panameños hemos dicho alto y claro que eso no es lo que queremos.
En este contexto, el Ejecutivo ha tomado la decisión —valiente y necesaria— de enfrentar temas fundamentales para Panamá y su futuro. Muchos de ellos problemas heredados que por años se evitaron o postergaron. Como buen padre de familia, ha tenido que tomar decisiones difíciles. No siempre populares, pero sí responsables. Porque gobernar no es decir lo que todos quieren oír, sino actuar con visión de país.
Lamentablemente, hoy vemos cómo algunos grupos insisten en interrumpir, cerrar calles y sembrar caos, afectando a millones de panameños. Eso no ayuda. Eso no construye. Eso solo divide, atrasa y castiga injustamente a quienes todos los días luchan por salir adelante.
Más grave aún, muchas de estas protestas se justifican con falsedades. Se repite que se aumentó la edad de jubilación. Eso es mentira. No se ha aumentado. Y muchas de las propuestas de los gremios fueron acogidas. Los empleadores ya estamos aportando más, como pidieron. Entonces, ¿cuál es el verdadero objetivo?
Si lo que se busca es frenar la economía o imponer una agenda política, que se diga de frente. No se vale engañar al país con excusas falsas. No se puede disfrazar una intención de desestabilización como una causa social.
Por eso insistimos: hay que hacerse la pregunta clave —y responderla de forma honesta—: ¿de verdad estos grupos que llaman a la huelga están pensando en Panamá?
Nuestro país merece seguir construyendo su futuro. Tenemos las capacidades, el talento y la voluntad para lograrlo. Pero necesitamos dejar de poner obstáculos y empezar a sumar. Este no es momento de destruir. Es momento de actuar con responsabilidad, la verdad y sentido de nación.
Juan Alberto Arias S.
Presidente CCIAP
