La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) en reiteradas ocasiones ha enviado el mensaje de que nuestra democracia requiere de instituciones transparentes e independientes para su debido funcionamiento.  Es necesario de que en Panama logremos un verdadero Estado de derecho, donde impere la ley, y ésta sea aplicada a todos, sin diferencia.

Lo anterior implica que con respecto a las investigaciones penales que se adelantan, las mismas deben continuar hasta las últimas consecuencias, siempre en estricto apego a la ley, respetando el debido proceso, la presunción de inocencia y el derecho a la defensa.

Instamos a la Procuraduría General de la Nación a continuar su trabajo investigativo dentro del marco legal.  Con respecto a las declaraciones de la Procuradora General de la República en las que señala que fiscales han sido objeto de intimidación o presiones dentro del marco de las investigaciones que adelantan, la instamos a iniciar las investigaciones correspondientes sobre tales hechos, dado que la obstrucción de la justicia es un delito conforme al  artículo 360 del Código Penal, y de ninguna manera se puede permitir que se dé tal interferencia con el debido proceso y las investigaciones pertinentes.

Al Órgano Judicial hacemos un llamado a que tome nota del clamor de la población sobre justicia.  Que se actúe con diligencia para que las investigaciones puedan continuar su curso de manera expedita y eficiente, para así garantizar una justicia efectiva y dentro de tiempos razonables.  No podemos permitir que estos procesos se demoren o paralicen y que al final haya impunidad.  Sin embargo, es importante también indicar que al final del día los culpables son solo aquellos que resulten de un proceso penal con todas las garantías del caso.  La justicia debe ser aplicada con igualdad para todos.