Reactivación participativa y sin improvisaciones

El país se apresta a llevar adelante una de las tareas más trascendentales de su vida republicana, esto es, reconstruir la economía y restituir los puestos de trabajo perdidos a causa de seis meses de confinamiento establecido por las autoridades como medida de control y prevención del COVID-19.

Para desarrollar esa titánica labor, toda la sociedad panameña debe participar de la discusión que conlleve a encontrar soluciones para el bienestar de la colectividad.

En este momento, el sector empresarial y el Órgano Ejecutivo revisan diferentes iniciativas que permitan llevar adelante un proceso de reapertura, reactivación económica y recuperación de empleos que son imperantes para el país. Resulta conveniente que el Órgano Legislativo forme parte de esta mesa de discusión conjunta para que de la misma salgan iniciativas coordinadas para afrontar la crisis.

Panamá cuenta con una economía de mercado que le ha permitido crecer y mantener su desarrollo económico, mejorando la calidad de vida de los panameños. Aún queda mucho por hacer para corregir desigualdades históricas y deficiencias institucionales donde la corrupción y los intereses políticos han obstaculizado dramáticamente el desarrollo de políticas públicas que permitan al país alcanzar su potencial.  Esto se evidencia más durante la pandemia, cuando se observan retrasos y deficiencias importantes en materia de atención pública de salud y educación, entre otros.

El Legislativo es el Órgano del Estado con mayor representatividad obtenida mediante el voto, pero esta representatividad debe ser ejercida responsable y colegiadamente. Los partidos políticos deben jugar su rol fundamental en la dinámica de la Asamblea Nacional en respuesta a las reclamaciones del electorado y el país. Igual actitud deben asumir los diputados frente al desafío de reactivar responsablemente el presente y futuro de la nación

Además, las iniciativas que surjan del Legislativo deben ser alejadas de contenidos populistas, y han de consultarse de forma amplia y permanente con todos los sectores nacionales, particularmente con los sectores transversales más afectados por estas propuestas. 

Cuando la economía mundial, y nacional atraviesan una profunda crisis producto de la pandemia de COVID-19 resulta inoportuno y contraproducente considerar leyes que someten a más regulaciones a actividades que por su propia naturaleza ya se encuentran reguladas. Las iniciativas legislativas deben considerar las afectaciones e impactos a largo plazo, en especial, aquellas que pueden afectar la atracción de inversión extranjera.

La experiencia demuestra que los controles de precios o intervenciones sobre el sector servicios pueden producir cierres y escasez de oferta, lo cual va en detrimento del usuario final.

Someter el Sistema Bancario a regulaciones en sus tasas de interés o productos crediticios le restaría competitividad a la banca panameña, que por décadas se ha desarrollado con éxito, y terminaría impactando de manera negativa a los ahorristas mientras elevaría el costo de financiamiento personal que precisamente buscan regular. La competencia empresarial permite mayor oferta; en consecuencia, mejores beneficios para el consumidor final.

No se puede olvidar que la empresa privada es el motor de la economía nacional. Previo a la pandemia, representaba más del 85% de la inversión total del país, capacidad que le convertiría en el principal generador de empleos. Procurar la estabilidad del sector privado que redunda en el bienestar de la familia panameña, dependerá de iniciativas visionarias y de la participación de quienes tengan como norte el progreso sostenido de Panamá.

La coyuntura presente exige actuaciones que consideren los impactos a corto, mediano y largo plazo; para esto, la participación de la mayor parte de los actores en este tipo de discusiones es sana y reduce el espacio a las improvisaciones y equivocaciones.