Así como el 2023 es un año que exige de acciones contundentes en materia de seguridad social; de igual forma, en estos doce meses, el Sistema de Administración de Justicia panameño será puesto a prueba, exigiendo de sus actores independencia, honestidad, transparencia, prontitud en su actuar y en apego al derecho.
Por años, hemos reiterado la importancia de establecer políticas públicas que promuevan el continuo fortalecimiento de la Administración de Justicia del Estado panameño y el Estado de Derecho, que aseguren la transparencia de la gestión Judicial, faciliten el acceso a la justicia en tiempo oportuno y se incentive la rendición de cuentas, puntualizado que la base fundamental de la vida en democracia es el imperio de la justicia, ya que sin ella se impide el pleno ejercicio de las garantías fundamentales ciudadanas.
En el año 2018 presentamos al país una propuesta de reformas constitucionales al Sistema de Administración de Justicia, con el objetivo de salvaguardar la independencia de criterio de quienes ejercen los cargos de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y Procurador General de la Nación; buscando también corregir el procedimiento de juzgamiento entre Diputados y Magistrados, que en más de una ocasión ha sido cuestionado. Lo anterior fue reiterado en el pilar de institucionalidad de nuestro documento Agenda País 2019 – 2024.
A pesar de que, se han dado pasos importantes en el proceso de escogencia de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de la presentación de un proyecto de ley que reforma procedimientos y tiempos en la esfera civil del Órgano Judicial, y que, por primera vez, en el Presupuesto General de la Nación se le han asignado los recursos que le corresponden al mismo; aún mantenemos un Procurador de la Nación encargado en espera de ratificación, y prevalecen los cuestionamientos en la forma en qué se imparte justicia, generando una creciente desconfianza ciudadana y la percepción de impunidad.
Ante esto, insistimos en la urgencia de promover la discusión de las reformas propuestas, con el fin de que nos orienten a lograr instituciones transparentes e independientes; así como avanzar hacia un Estado de Derecho pleno, en cuyo marco impere la ley, y que ésta sea aplicada a todos sin diferencia; donde exista certeza del castigo para quienes infringen las leyes y abusan del sistema democrático.
Durante los meses por venir, el Órgano Judicial tendrá que resolver casos largamente esperados por los panameños, y que tienen a Panamá en la lupa del mundo entero. Por lo que, no se espera menos de quienes tienen a su cargo tan delicada función, esperando que hagan uso de todas las herramientas que la Constitución Política y las normas jurídicas les brindan, a fin de que se haga justicia en tiempo expedito.
De cara construir un futuro real y confiable para todos los panameños, cada uno de los actores de la sociedad debemos contribuir a fortalecer nuestro modelo democrático, uno de cuyos componentes básicos, es un Sistema de Administración de Justicia certero, transparente e imparcial. De eso se trata.
Marcela Galindo De Obarrio
Presidente CCIAP
