XXIX reunión de presidentes de organizaciones empresariales iberoamericanas

Los presidentes de las Organizaciones Empresariales de Iberoamérica, miembros de la Organización Internacional de Empleadores (OIE) y que conforman el Consejo de Empresarios Iberoamericanos (CEIB), congregados en la XXIX Reunión de Presidentes de Organizaciones Empresariales Iberoamericanas en Antigua Guatemala los días 13 y 14 de noviembre de 2018, reflexionamos sobre temas de común interés para los países de nuestra región, tal como el papel de las organizaciones empresariales en el mejoramiento de la transparencia, y el rol de las organizaciones empresariales en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Habiendo discutido extensamente los temas referidos, los presidentes de las Organizaciones Empresariales presentamos la siguiente Declaración a los Jefes de Estado y de Gobierno reunidos en la XXVI Cumbre Iberoamericana en la ciudad de Antigua, Guatemala:

  1. La transparencia e integridad en las actuaciones tanto de las autoridades como de los particulares y los ciudadanos que se relacionan con ellos, son esenciales para el desarrollo económico y social de nuestros países. Son la base de la confianza ciudadana en sus instituciones y en los agentes que las representan. De igual manera, la transparencia y la rendición de cuentas construyen la democracia participativa, la gobernabilidad pacífica, las bases de las políticas públicas, la redistribución equitativa de los recursos del Estado y de los proyectos de inversión pública.
  2. La transparencia y la integridad son fundamentales para la construcción de alianzas público-privadas, la realización de negocios y el suministro de bienes y servicios a la sociedad. Para los empresarios, la transparencia e integridad son sinónimo de reputación y de buenos negocios, con la cual se compite libremente en los mercados para ofrecer a los consumidores lo que ellos demandan.
  3. Los recientes episodios de corrupción a nivel regional o nacional han evidenciado sus consecuencias políticas y económicas negativas, particularmente para los ciudadanos, las empresas –en especial las pequeñas y medianas (Pymes)–, los proveedores, distribuidores, trabajadores y también al sector financiero.
  4. Si bien es difícil medir los costos reales de la corrupción, existen algunas estimaciones:
  • Estudios recientes calculan que el costo anual en sobornos es de aproximadamente USD 1,5 a USD 2 billones (alrededor del 2 por ciento del PIB mundial), afectando tanto a los países desarrollados como a los países en desarrollo.
  • La corrupción disminuye las inversiones en un 5 por ciento y aumenta el costo para hacer negocios en un 10 por ciento en promedio.
  • Los costos de endeudamiento generalmente tienden a aumentar para aquellos países en los que la corrupción se percibe como alta.
  1. La calidad institucional, la transparencia y la integridad son claves para la adecuada prestación de servicios públicos y para establecer un clima de negocios que incentive las inversiones y apoye el desarrollo del sector privado.
  2. Las organizaciones empresariales de Iberoamérica están comprometidas con los desafíos planteados para la eliminación de la corrupción y con las eventuales medidas y soluciones para superarla, participando como actores claves para impulsar tantas reformas en el sector público a fin de que se adopten medidas y sistemas nacionales de integridad, lucha contra la corrupción, fortalecimiento de la institucionalidad a diferentes niveles que permitan hacer valer la ley de manera efectiva, así como superar la crisis de confianza de los ciudadanos y mejorar el desarrollo y el crecimiento económico.
  3. Las medidas contra la corrupción no solo deben centrarse en la corrupción a gran escala, sino también en la que se manifiesta en la solicitud y pago de sobornos a nivel de la prestación de servicios. El fortalecimiento de los marcos institucionales y legales con un enfoque en su efectividad constituye un requisito indispensable para confrontar la crisis de corrupción que la región enfrenta. Es fundamental reducir la discrecionalidad de los funcionarios públicos para lograr la transparencia en la toma de decisiones y la rendición de cuentas efectivas. Por ello, consideramos básicas la simplificación normativa y la facilidad de trámites a través de una correcta implementación de reformas en los sistemas regulatorios haciéndolos más eficaces, sencillos y asequibles el acceso a los servicios del Estado y el cumplimiento de los deberes ciudadanos y corporativos. La tecnología es una herramienta de gran valor en la mejora de la transparencia. Es fundamental que las entidades de supervisión y control de las finanzas públicas sean independientes del poder político a fin de lograr mayor calidad de su trabajo y mayor capacidad de alertar sobre actos de corrupción. Es fundamental crear canales de comunicación permanente entre los gobiernos y los organismos empresariales de la Región para acordar medidas y monitorear avances en materia de combate a la corrupción.
  4. El sector privado debe ser parte integral en este esfuerzo y es actor clave en la implementación de los procesos, tanto a nivel corporativo, mediante la adopción de programas de transparencia y ética corporativa como a nivel público, como testigo y promotor social de la implementación de sistemas nacionales anticorrupción que incentiven la creación de sistemas integrales de mejoramiento de la transparencia, como una eficaz coordinación y rendición de cuentas de las entidades públicas responsables de prevenir, fiscalizar, investigar, perseguir y sancionar actos de corrupción. Se deben implementar códigos de conducta corporativos que regulen conflictos de intereses y la prohibición de incurrir en cualquier forma de pago ilícito a funcionarios públicos, medidas de gestión de riesgos, mecanismos de supervisión internos y externos, así como la capacitación y orientación para sus trabajadores y mecanismos de denuncia; promover el intercambio de mejores prácticas y del know-how, mediante capacitaciones o ejercicios de apoyo para las Pymes en aras de hacerlas participes de estos procesos, lo cual permitirá desarrollar tanto procesos internos, modernos y eficientes como el correcto relacionamiento con su entorno y la rendición de cuentas, contribuyendo a su sostenibilidad en el largo plazo.
  5. Los Presidentes de las Organizaciones Empresariales de Iberoamérica estamos comprometidos con la erradicación de toda forma de corrupción; ello como principio ético que nos es común y por considerar que es requisito esencial para lograr la generación de riqueza una mejor distribución de la misma, la mayor productividad y el crecimiento de nuestras economías de manera sustentable.
  6. Asimismo, ratificamos nuestro compromiso para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en particular el Objetivo 8, Trabajo Decente y Crecimiento Económico, considerándolo como parte central de un enfoque integral y transversal para conseguir los ODS en su conjunto. Reafirmamos el rol que tiene el sector privado a través de la inversión, la tecnología y la generación de empleo formal para alcanzar dichos objetivos.
  7. Nuestras organizaciones deben reforzar su capacidad de actuación y un mayor grado de involucramiento para dar forma e implementar estrategias nacionales para el desarrollo sostenible; esperamos contar con el apoyo de organismos internacionales como el sistema de Naciones Unidas. Ratificamos nuestra alianza estratégica con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la cual podría aportar asesoría y asistencia técnica basada en evidencias, así como soporte para la generación de políticas de desarrollo productivo. Solicitamos a las Organizaciones Internacionales, y en especial a la OIT, reforzar sus capacidades para asistir en el monitoreo del desarrollo productivo en el marco de los ODS, equipar a los países para la generación e instrumentación de indicadores y datos para colaborar en la elaboración de informes sobre ODS y metas específicas.
  8. La implementación de la Agenda 2030 es una oportunidad para demostrar el liderazgo de las organizaciones empresariales en asuntos clave de la agenda del desarrollo nacional. Es una oportunidad para visibilizar la contribución de las organizaciones empresariales a la correcta implementación de la Agenda 2030, a través del aporte empresarial en propuestas de soluciones, toma de iniciativas y participación en alianzas, todo lo cual aumenta el progreso dada su creatividad, su capacidad de innovación, de creación de empleo, sus competencias técnicas y de gestión, al igual que sus recursos financieros. Exhortamos a generar mecanismos de colaboración entre los gobiernos y el sector privado de la región, para asegurar el acompañamiento en la creación y ejecución de las políticas económicas y sociales, tendientes a la consecución de los objetivos de la Agenda de Desarrollo.
  9. En concreto, reafirmamos nuestra convicción de que las organizaciones empresariales son un aliado clave en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible; dentro de su esfera de influencia, los empresarios y sus organizaciones deben ser capaces de fomentar políticas de desarrollo sostenible, promoviendo el diálogo social, como instrumento clave para fortalecer el crecimiento económico y el estado de derecho, considerando en la base de las mismas, el respeto a los derechos humanos, las garantías individuales y los derechos de las empresas.
  10. Las organizaciones empresariales de Iberoamérica reconocen y postulan que la libertad de asociación, el respeto a la propiedad privada y el estado de derecho resultan indispensables para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región, siendo una obligación de los gobiernos y pueblos promoverlos y defenderlos. Hacemos de nuevo un llamado al respeto a los derechos humanos y a la libre iniciativa privada en los países de Iberoamérica; principalmente ante las reiteradas y extremadamente graves violaciones que estamos observando se cometen en nuestro continente, particularmente en Nicaragua y Venezuela.

Antigua, Guatemala – 14 de noviembre de 2018