La semana pasada recibimos la grata visita de la Procuradora General de la Nación, con quien abordamos diversos temas de interés, conscientes que la correcta administración de la justicia es un factor importante en el desarrollo económico, político y social de un país.
Las investigaciones de funcionarios y empresarios que se llevan adelante desde hace algunos meses, fue tema obligado. Sobre esto, nuevamente, reconocimos la labor que llevan adelante las autoridades e insistimos en que quienes resulten culpables deben ser castigados ejemplarmente. Coincidimos en que, producto de la pérdida de confianza ciudadana y el deseo de obtener justicia, tenemos una sociedad que se apresta peligrosamente a sacar conclusiones ante las denuncias ventiladas en los medios, con lo que debemos ser cuidadosos.
Compartimos la preocupación por las actividades comerciales ilícitas y competencia desleal, por lo que vemos con buenos ojos la iniciativa legal para elevar el contrabando a un delito ordinario penal. Fundamentados en antecedentes, hemos recomendamos disminuir de 500 mil a 50 mil, la cuantía que determinaría si un caso sea competencia del Ministerio Público, con el fin de cumplir el objetivo de la normativa.
Ante la entrada en vigencia del Sistema Penal Acusatorio en la provincia de Panamá el próximo año, nos comprometimos a promover, a través de nuestro Observatorio de Seguridad Ciudadana, el conocimiento e impacto que tendrá este sistema, aspirando a un cambio cultural en las instituciones y la sociedad. Consideramos que para lograr que esta transformación derive en un sistema eficiente y justo, será necesario dotarle de los recursos, fomentar la rendición de cuentas y blindarlo contra la corrupción.
Solo con la prevalencia del imperio de la ley y la certeza del castigo, se recuperará la confianza ciudadana y tendremos un clima apropiado para las inversiones.
Ing. Carlos G. Fernández
