La investigación sobre los créditos fiscales ilegítimos en el sistema e-Tax ya no admite lecturas suaves. Una auditoría interna de la Dirección General de Ingresos (DGI) concluyó que US$36.01 millones de los US$42.4 millones utilizados por un solo banco para compensar impuestos entre 2022 y 2025 serían improcedentes e ilegítimos.
La entidad bancaria sostiene que actuó de buena fe y que los créditos aparecían registrados y validados en la plataforma oficial. Ese contraste expone el problema central: cuando los registros del Estado pierden confiabilidad, también se debilitan la seguridad jurídica, la inversión y la confianza en Panamá.
No es solo dinero
Este caso no se limita a fondos públicos burlados. Hay empresas y personas que pudieron ser engañadas por documentos y registros con apariencia legal. También puede haber quienes conocían el origen irregular y decidieron participar.
Además, permanece la incertidumbre sobre el verdadero estado tributario de contribuyentes cuyos pagos fueron alterados o utilizados dentro del esquema. La DGI administra uno de los servicios esenciales del país. Su información debe ser inviolable, trazable y confiable.
La institución debe reconstruir cada operación, diferenciar con rigor a las víctimas de los posibles participantes y aclarar, sin dilaciones, la situación fiscal de cada persona o sociedad afectada. No se puede trasladar al contribuyente honesto el costo de las fallas del Estado.
La confianza fue vulnerada
Los créditos fiscales son instrumentos legales y necesarios para la actividad económica. Son creados, administrados y certificados por la propia DGI. Por eso, las empresas operan bajo el principio de legítima confianza en los registros oficiales.
Si el sistema e-Tax fue manipulado para eliminar trazabilidad, alterar pagos reales y fabricar créditos con apariencia legítima, no estamos ante una falla menor. Estamos ante una vulneración directa de la institucionalidad tributaria.
Reconocemos que a las actuales autoridades de la DGI no les ha pesado la mano para presentar las denuncias. Han hecho lo correcto. Pero no puede quedar ahí. Denunciar es el inicio, no el resultado.
Integridad con acciones
Desde la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá proponemos reforzar la cultura de integridad en los sectores público y privado. Esto exige programas de cumplimiento, códigos de ética aplicados, canales seguros de denuncia, controles cruzados, trazabilidad digital y consecuencias reales.
También exige controles de acceso estrictos, auditorías independientes, alertas automáticas y una cadena de custodia digital que identifique quién modifica un registro, cuándo lo hace y desde dónde. La transformación digital sin seguridad es una puerta abierta al fraude.
Orden con severidad
Este es un problema legal, institucional y moral. Panameños haciéndonos daño entre panameños es imperdonable.
Hay que desmontar las redes, recuperar cada dólar, proteger a quienes actuaron de buena fe, corregir las vulnerabilidades y sancionar a quienes resulten responsables. Sin privilegios. Sin encubrimientos. Sin excusas.
La DGI debe recuperar su credibilidad con hechos y plazos claros. Panamá necesita orden con severidad. Caiga quien caiga.
Aurelio Barría Pino
Presidente
