La insistencia de la empresa privada panameña en el rescate pleno de la justicia como condición imperante para dirigir el país hacia un Estado de Derecho de caminos firmes, sólidos y permanentes de desarrollo, no es un capricho; obedece a razones elementales y lógicas.
Es imposible combatir la impunidad que estimula la corrupción en un país donde la administración de justicia parece carecer de independencia y la honestidad de algunos funcionarios es puesta en tela de duda, provocando la ausencia de credibilidad entre los ciudadanos. Además, resulta sumamente difícil garantizar un Sistema de Justicia certero, si al mismo no se le asignan los recursos operacionales necesarios.
En la coyuntura de la designación de nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el Presidente de la República tiene la oportunidad histórica de ejercer su prerrogativa en dicha materia promoviendo, mediante la correspondiente ratificación del Órgano Legislativo, la llegada a dicha instancia de los más probos, capaces, calificados e idóneos profesionales del Derecho, de manera que no solo dignifiquen responsabilidades tan altas, sino que trabajen con coraje para devolverle a la justicia panameña la honorabilidad y el prestigio que se merece. Este es el gran legado que puede dejar el Presidente Laurentino Cortizo al país.
Adecentada la justicia en esas condiciones, los demás propósitos nacionales de progreso y bienestar se verán estimulados, al facilitarse el logro de las metas de crecimiento económico que establecen los pronósticos más optimistas para el país. Afirmaremos una competitividad local e internacional pujante y con ello se generarán mayores oportunidades de trabajo y riqueza para los panameños. Todo, comenzando por la certeza del castigo en un Estado de Derecho.
Jorge Juan de la Guardia
Presidente CCIAP
