Nuestros hermanos guatemaltecos, con la paciencia colmada pero respetando el civismo y el orden institucional, se han visto inmersos en una situación política compleja, pero ejemplar. La semana pasada dimitió el presidente de este país y ahora, manteniendo la presunción de su inocencia, este y varios miembros de su gabinete se enfrentan a la justicia local.
En nuestro país, los señalamientos de corrupción y otros delitos contra la administración pública han acaparado la atención mediática, judicial y civil en el último año. En torno a estos, se han iniciado varios procesos de investigación, que buscan deslindar responsabilidades y brindar respuestas a la ciudadanía sobre el manejo de los fondos públicos, violación de la privacidad y la correspondencia, entre otros.
Reclamamos justicia y sanciones ejemplares, a la vez que apelamos a que estas investigaciones se lleven adelante en estricto apego al debido proceso y el principio de legalidad, evitando cualquier posible vicio. A estas alturas, es evidente que en nuestro país hubo mal manejo de los bienes del Estado, recursos que aportamos todos los contribuyentes, los cuales están obligados a ser retribuidos en desarrollo social y económico para un país que mantiene prioridades insatisfechas, como educación, seguridad alimentaria, servicios básicos, entre otros.
Recordemos que, como lo ordena la Constitución, “el poder público emana del pueblo” y los recursos del Estado le pertenecen a todos y los servidores públicos están supuestos a velar por que esto se realice con responsabilidad.
Centroamérica se prepara para ser ejemplo para el mundo. La región ha mostrado madurez y determinación en elevar nuestros sistemas de justicia para lograr ponerle un alto a la corrupción y la impunidad.
Ing. Carlos G. Fernández
