El camino hacia un Panamá verdaderamente desarrollado pasa, sin excepción, por el fortalecimiento del Estado de Derecho. No hay atajos. Si aspiramos a ser un país serio, con instituciones sólidas y confiables, necesitamos una justicia igual para todos. Sin privilegios. Sin demoras. Sin excusas.
Entre 2018 y 2024, el Ministerio Público recibió 8,197 denuncias por delitos graves como el blanqueo de capitales y contra la administración pública – 627 por blanqueo y 7,570 por corrupción. De esas, solo 452 llegaron a una sentencia firme. ¿El resultado? 143 casos fueron a juicio y 309 se resolvieron por acuerdos de pena. ¿Y las otras 7,745 denuncias? ¿Dónde quedaron?
Sabemos que la justicia requiere de tiempo, pero también sabemos que, cuando hay voluntad, hay resultados. Lo que no se puede aceptar es que los tiempos y los desenlaces dependan de quién esté sentado en el banquillo. Es inaceptable que algunos paguen rápido y otros simplemente se refugien y se escapen por la puerta de atrás.
El mensaje es claro: la justicia no puede operar con doble moral. Nuestro llamado es firme a quienes integran el Sistema de Administración de Justicia: el Ministerio Público y el Órgano Judicial. Panamá necesita instituciones que actúen con determinación y equidad. Que respeten el debido proceso, sí, pero que también trabajen con celeridad. Que investiguen con seriedad. Que procesen sin demoras selectivas. Y que apliquen la ley sin mirar nombres y ni apellidos.
Pero no basta con señalar a estas instituciones. Esta es una responsabilidad compartida. Los funcionarios públicos deben actuar con integridad. Y los ciudadanos, con valentía. Denunciar lo que está mal no es una opción: es un deber. Callar ante la corrupción nos hace parte del problema.
En la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá lo tenemos claro. Por eso presentamos la denuncia sobre los mal llamados “auxilios económicos” del IFARHU. Esa denuncia que hoy es parte de un proceso en marcha que busca recuperar lo que fue malversado. Porque la justicia no puede aplicarse a conveniencia. O es para todos, o no es justicia.
Si de verdad queremos un mejor país, todos – autoridades, funcionarios y ciudadanos – debemos actuar. Con firmeza. Con responsabilidad. Exigiendo que se cumpla la ley. Caiga quien caiga. Solo así construiremos un Panamá donde las reglas se respeten y apliquen sin excepción.
Juan Alberto Arias S.
Presidente CCIAP
