Luego de planteada la modificación a la Ley 22 de 2006, que regula los procesos de contratación pública, nuestro gremio ha realizado análisis integrales al borrador propuesto por el Órgano Ejecutivo, a fin de remitir nuestras consideraciones a mediados de la semana. Si bien esperamos que el resultado de su consulta con todos los sectores, sea una legislación cónsona, estamos convencidos de que la corrupción no es culpa de la Ley.
Lograr una administración responsable de los fondos del Estado se fundamenta en las actuaciones de los servidores públicos y contratistas, las cuales deben estar encaminadas hacia el cumplimiento de las leyes, así como de los principios éticos y morales. Quien contravenga estas obligaciones debe recibir sanciones ejemplares.
Hay oportunidades de mejorar en esta revisión, suprimiendo excepciones como el PAN, municipios y otras instituciones, mientras los requisitos y ponderaciones en los pliegos de cargos deben estar claramente definidos, sin favoritismos, fomentando mayor competencia entre oferentes. Por otra parte, el Estado debe garantizar los pagos a los contratistas en el tiempo pactado, evitando sobrecostos por financiamiento. Pare esto, es necesario que se acelere la prometida modernización del Estado.
Es indispensable certificar que los proveedores sean empresas reconocidas, con probada trayectoria y experiencia en el bien o servicio a contratar, evitando a toda costa los negociantes inescrupulosos y sociedades creadas a la carrera solo para “hacer el negocio”.
Negociante y empresario no es lo mismo. Los negociantes están interesados en la transacción, con sobrecostos y sin procurar la calidad. En tanto, los empresarios somos actores del desarrollo del país; estamos llamados a dignificar nuestro compromiso de hacer cada día más grande a Panamá generando empleo, cumpliendo las leyes y honrando los principios éticos y morales para que todos alcancemos bienestar social.
Ing. Carlos G. Fernández
