La seguridad jurídica requiere estabilidad permanente

Es sabido que de la seguridad jurídica que impere en el país depende nuestra capacidad para competir por inversiones generadoras de empleo, razón por la cual debemos fortalecerla y consolidarla, en vez de someterla a riesgos peligrosos. El caso de Minera Panamá y su proyecto Cobre Panamá es un ejemplo oportuno de ambos aspectos.

Se trata de la mayor inversión extranjera en la historia del país: US$6,300 millones. A partir de su fase operacional en 2019, la empresa aportará 4% al Producto Interno Bruto (PIB) con, aproximadamente, US$2,000 millones en exportaciones.

En la actualidad, el proyecto Cobre Panamá muestra un avance de 83%, generando 13,000 personas empleadas; US$30 millones en salarios; una inversión de más de US$1,100 millones en compras a 1,400 proveedores locales; y US$120 millones anuales en cuotas obrero-patronal a la Caja de Seguro Social.

Además, la empresa ha construido un puerto internacional, una planta de energía de 300MW, una planta procesadora de mineral y la propia mina.

Cabe destacar el establecimiento del proyecto en un área geográfica, llamada a convertirse en un polo estratégico regional con gran impacto multiplicador en gran parte del país.

No obstante, todo este impacto positivo en la economía nacional se presenta incierto ante la espera de una aclaración de la Corte Suprema de Justicia sobre el fallo con relación al Contrato Ley de Petaquilla, pese a que Minera Panamá es una empresa distinta.

Nuestro gremio espera que, en aras de garantizar la seguridad jurídica que consagran las leyes del país, la Corte Suprema de Justicia atienda la aclaración solicitada.

Gabriel Barletta

Presidente CCIAP