Cuando aún no terminamos de ver las consecuencias de la pandemia en nuestros estudiantes, nos enfrentamos ahora a la paralización en las calles y las huelgas docentes que amenazan a más de 38 mil estudiantes que reprobarán el año y a otros 85 mil que tendrán que repetir materias, según las cifras estimadas por el Ministerio de Educación. Esto se suma a las deficiencias que ya arrastraba nuestro deficiente sistema educativo, cuya situación tiene profundas consecuencias en el Desarrollo Humano y la empleabilidad de miles de jóvenes, así como en la propia capacidad del país para enfrentar un futuro altamente competitivo que se requiere para alcanzar el desarrollo, mientras otros países vecinos continúan avanzando.
Estos desafíos se suman a las pérdidas humanas irreparables y los efectos de los cierres en la movilidad y necesidades básicas de cientos de miles de trabajadores, representando solo algunos de los perjuicios causados por la paralización del país. Además, miles de asegurados que están perdiendo sus citas médicas, cientos de pacientes cuyos tratamientos médicos han sido interrumpidos, miles de micro y pequeñas empresas al borde de la quiebra y productores que están siendo condenados a perder el sustento de sus familias y el esfuerzo del trabajo arduo de toda una vida.
La paralización del país, aprovechándose de una protesta legítima y pacífica liderada por la juventud, ha revelado la presencia de organizaciones radicales y políticas, quienes abiertamente o escondiéndose detrás de ellos, promueven de manera intencional y orquestado el caos y la violencia, afectando la vida y los derechos humanos de toda la población.
Nos solidarizamos con los deseos de la juventud que se manifiesta cívica y pacíficamente, y condenamos a los que evidentemente ignoran los preceptos democráticos de un Estado de Derecho, recurriendo a la violencia como método para atacar las Libertades fundamentales de nuestro Panamá.
Ante ese escenario, el Gobierno Nacional ha demostrado una respuesta pasiva que ignora el respeto a los derechos constitucionales. Se ha dejado de gestionar la crisis tanto en las calles, como en la posibilidad de generar acercamientos para mediar una salida a la crisis actual. Una vez más, han sido ejemplo de un fallido esquema de comunicación y acción que ha caracterizado los momentos más álgidos de este periodo.
La estrategia parece ser sentarse a ver cómo se arruina cada día la vida y el bienestar de millones de compatriotas, hasta tanto la Corte Suprema de Justicia emita el fallo en relación con la Ley 406 de 2023.
Solo quien no comprende o ignora selectivamente el rigor total de los estragos que esta paralización está perpetrando en las vidas de los panameños es capaz de creer que dejando pasar los días, los grupos violentos, radicales y antidemocráticos cederán. No, estos solos no cederán, sino que continuarán atacando con su demagogia y violencia, los fundamentos democráticos de nuestra sociedad.
Afortunadamente, cada día que pasa deja más claro que la mayoría de los panameños repudian la paralización del país porque valoran el trabajo duro, la educación continua de nuestros niños y jóvenes, y la importancia de la convivencia pacífica. Esto contrasta con aquellos que carecen de la valentía para asumir sus responsabilidades y recurren a la violencia para alcanzar objetivos antidemocráticos.
La Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá exige a las autoridades garantizar el libre tránsito, restablecer el orden público, y garantizar la seguridad de quienes protestan de manera legítima y pacífica. Nuestro gremio luchará y defenderá nuestra democracia y los principios fundamentales de Libertad que promueven del Bienestar Nacional.
Adolfo Fábrega García de Paredes
Presidente CCIAP
