Menos leyes y más apoyo para la educación

La Constitución Política de la República de Panamá subraya el derecho a la educación y la responsabilidad de educarse; al tiempo que, garantiza la libertad de enseñanza y reconoce el derecho a crear centros educativos particulares. Por años, la enseñanza particular ha brindado una alternativa a los padres de familias y estudiantes; mientras que, ha absorbido parte de un deber que le compete al Estado, contribuyendo al desarrollo de miles de niños y jóvenes, evidenciando con resultados el peso de su aporte.

En 2020, con la llegada del COVID-19 a Panamá y las medidas de confinamiento adoptadas por el Gobierno Nacional, los centros educativos particulares se vieron en la necesidad de adaptarse en tiempo récord a la modalidad virtual con las inversiones que esta exige en cuanto a softwares y en materia de ciberseguridad, cumpliendo en gran parte con su propuesta de educación para con sus estudiantes. Al tiempo que, en su mayoría, realizaron sacrificios junto con los padres de familia a fin de ofrecer soluciones y alivios financieros a los hogares donde los acudientes enfrentaban reducciones de jornada, suspensiones de contratos o despidos. Aun así, la mayor parte de las escuelas y colegios particulares continuaron con sus pagos de planilla y dando mantenimiento a instalaciones físicas que se necesitan en óptimas condiciones para cuando se dé el regreso a las aulas, el cual debe ser más pronto que tarde.

Por su parte, el Ministerio de Educación (MEDUCA) pese a un esfuerzo titánico se vio sumamente limitado en el año escolar 2020, donde el acceso y la conectividad fue un reto y la calidad del proceso enseñanza – aprendizaje es cuestionable. Esto sin tomar en cuenta los más de 46 mil estudiantes que no fueron localizados por el ministerio durante el año.

Las iniciativas particulares de educación tienen como objetivo primordial ofrecer enseñanza de calidad. No obstante, para poder cumplir con esta promesa de valor deben lograr una sostenibilidad que les permita la continuidad de sus servicios y la mejora permanente de la educación.

En este contexto y en los tiempos que vivimos, resulta inoportuno y contraproducente considerar proyectos de ley que ponen en riesgo esta sostenibilidad y no toman en cuenta las inversiones necesarias para brindar la calidad de educación que requiere el estudiante. Esto sería equivalente a un recorte de presupuesto del MEDUCA para el funcionamiento de los centros educativos oficiales, cuando se requieren inversiones para adecuarlos a las exigencias del momento.

Actualmente se discuten en la Asamblea Nacional iniciativas legislativas que con miopía no consideran las afectaciones e impactos a largo plazo que pueden tener sobre los centros educativos particulares, poniendo en riesgo el futuro académico de miles de estudiantes y propiciando con la consecuente escasez de oferta una migración obligada a un sistema oficial sin capacidad.

Además, es lamentable que, por el contrario, estas iniciativas no aborden las necesidades estructurales del sistema educativo oficial que se han planteado por años y que la pandemia dejó al desnudo; entre ellas la deficiente infraestructura, conectividad, acceso y sobre todo la calidad educativa que deja mucho que desear.

Somos conscientes de la crisis económica que vivimos y la necesidad urgente de reactivar y generar nuevas plazas de empleos; de ahí que rechazamos cualquier tipo de nuevo cierre y exigimos que todos podamos volver de forma sostenible a nuestras actividades cotidianas de trabajo, estudio y esparcimiento.

Reiteramos que el Estado debe ofrecer apoyo económico a los padres de familia de estudiantes que presenten la necesidad de estos recursos dada la disminución de los ingresos, la suspensión de los contratos o la falta de empleo; en vez de considerar fórmulas que coartan la libertad de enseñanza y emprendimiento particular, poniendo en riesgo la educación de toda una generación. Lo que urge es un plan integral de regreso a las aulas de manera presencial.

Jean-Pierre Leignadier
Presidente CCIAP