Si bien la desconfianza ciudadana rodea desde hace tiempo la designación de nuevos magistrados para la Corte Suprema de Justicia, nunca como ahora después de recuperada la democracia han sido tantos y tan serios los elementos que agravan las dudas entre los panameños.
No es Panamá el único país cuyo ordenamiento constitucional confíe la designación mencionada al Jefe del Ejecutivo y al Legislativo la potestad de aprobarla o rechazarla. El proceso observa la separación entre los poderes del Estado, confiando en su “colaboración armónica” como pilar de la institucionalidad republicana y por extensión en la solidez supuesta del sistema democrático; ecuación que por desventura no opera adecuadamente en el país. Es decir, los desaciertos no son del procedimiento; son de quienes lo ejecutan.
Sin que hasta ahora se haya esclarecido todo en torno al escándalo de Odebrecht y en consecuencia no se haya sancionado a los responsables, y no se hayan abordado otros sonados casos que seguro representarán retos adicionales y colosales para nuestra justicia, ¿cómo no explicarse la preocupación y si se quiere la suspicacia generalizada en lo que guarda relación con la forma en la cual se procederá a seleccionar a los designados y lo que se dé en la Asamblea Nacional durante el trámite correspondiente?
El presidente de la República tiene ante sí la responsabilidad histórica de corregir lo que viene torcido desde administraciones anteriores y – además de honrar sus compromisos de campaña – dar un paso trascendental en la lucha contra la corrupción y la impunidad, ya que muchos de los yerros de nuestra justicia tienen que ver con el desempeño de sus instancias más altas. Debemos comentar que nos parece desacertada la decisión de postergar hasta la segunda mitad de diciembre el llamado a sesiones extraordinarias para ver este importante tema, que requiere de suficiente tiempo para su análisis, toda vez que no se debe asumir que la Asamblea Nacional va simplemente poner el sello de aprobación a los candidatos que se le presenten.
Tiene, por su parte, el Órgano Legislativo la obligación no menor de cumplir su función con apego estricto a la letra y al espíritu de la Constitución. A su vez, los que lleguen al cargo estarán ante la oportunidad de honrar tal privilegio con un desempeño que les deparará el respeto y el agradecimiento, o el olvido avergonzado de sus conciudadanos y la nación.
Inocencio Galindo De Obarrio
Presidente CCIAP
