En la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá estamos convencidos de que es necesaria la revisión integral de la Ley 22 de 2006, que regula la contratación pública. Los procedimientos de selección de proveedores mediante las contrataciones públicas no solo deben ser independientes y transparentes, sino que también debe percibirse que lo son.
El Gobierno Nacional ha manifestado su voluntad de reformar esta Ley en consenso con la Cámara, así como con otros representantes del sector público, privado y la sociedad civil. Consideramos que esta amplia consulta es positiva y fundamental para lograr una legislación que mantenga altos niveles de transparencia y rendición de cuentas.
Para obtener una Ley oportuna, nuestra Comisión de Contrataciones Públicas ha trabajado arduamente en una serie de recomendaciones, entre las cuales está la eliminación del proceso de licitación abreviada y el establecimiento de lineamientos muy específicos que limiten al mínimo las contrataciones directas. Es indispensable que se incluya, en el ámbito de aplicación de la Ley, el Programa de Ayuda Nacional (PAN), los Municipios y Juntas Comunales, pues las excepciones pueden fomentar la discrecionalidad.
Los requisitos y ponderaciones de los pliegos de cargos deben fomentar la competencia entre oferentes, en condiciones de equidad y transparencia, para que se presente mayor número de ofertas y sea seleccionada la más conveniente. Para ello, también es fundamental que el Estado mejore los términos de pago a los contratistas por los bienes y servicios adquiridos.
Esta revisión representará avances en la dirección correcta, sin embargo, es responsabilidad de las autoridades y contratistas conocer y cumplir con lo que establecen las leyes para garantizar el manejo correcto de los fondos públicos, que nos pertenecen a todos.
