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Se agota la paciencia de la ciudadanía frente a la indolencia de los funcionarios públicos

Jose Ramón Icaza Clément
Jose Ramón Icaza Clément - Presidente CCIAP 2021 - 2022

Panamá y sus ciudadanos han vivido dos años durante los cuales sus ingresos se han visto afectados producto de la COVID-19 y las restricciones impuestas para frenarla.

Al mismo tiempo, han sido testigos del despilfarro de fondos por parte de un gobierno que no solo evitó hacer lo que solidariamente le correspondía, que era reducir salarios altos, sino que continúa aumentando la ya exorbitante planilla. La última bofetada en ese sentido la han dado los Gobiernos Locales, que, como parte de una estrategia absolutamente proselitista, utilizan fondos destinados a obras comunitarias, para pago de gastos administrativos

La distribución de presupuestos con criterios políticos es inmoral, más aún tomando en cuenta que hay sectores productivos realizando ingentes esfuerzos para mantener los empleos y reactivar la economía.

La Contraloría General de la República tiene que cumplir en todo momento con su deber legal de auditar y fiscalizar el manejo que se les dé a todos los fondos estatales, no hacerlo oportuna e imparcialmente, la hace cómplice de estos despilfarros.

La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI) tiene la responsabilidad de ser proactiva y actuar según se lo exige la ley, no puede esperar a que exploten investigaciones periodísticas para entonces reaccionar y actuar.

En cuanto a la ciudadanía, es importante mantener una actitud vigilante. En ese sentido, este gremio ha decidido asignar personal especializado para que dé seguimiento a la formulación y ejecución de los presupuestos gubernamentales; así como al uso de los fondos.

Los tiempos y nuestra realidad financiera -una deuda equivalente al 65% del PIB- exigen racionalizar los gastos estatales favoreciendo inversiones que mejoren nuestras perspectivas de futuro en lugar de comprometerlas.

Mas allá del aspecto financiero, el mal manejo de fondos públicos pervierte el tejido social y profundiza la falta de credibilidad en las instituciones, factores que a la postre podrían pasar facturas que ni el dinero podrá pagar.

Jose Ramón Icaza Clément
Presidente CCIAP

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