El 30 de septiembre, la Comisión Interministerial entregó al Presidente de la República su informe final sobre el sitio minero de Donoso. Tras casi tres años de incertidumbre, Panamá cuenta con mayores elementos para abordar esta decisión.
Desde la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá hemos mantenido una posición consistente. Tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia señalamos la necesidad de atender el sitio con responsabilidad técnica y ambiental. Solicitamos información independiente, transparencia y una decisión que protegiera los intereses del país sin trasladar sus costos a los panameños.
El informe propone evaluar un acuerdo que permita resolver los arbitrajes pendientes y una puesta en marcha orientada a un cierre ordenado, autofinanciado, sin prórroga y en acatamiento del fallo de la Corte Suprema de Justicia.
Una recomendación balanceada
Desde la Cámara consideramos que la recomendación presenta una ruta balanceada. No plantea regresar al modelo anterior, pero tampoco desconoce las implicaciones ambientales, económicas, sociales y jurídicas de mantener indefinidamente el sitio en su condición actual.
Los datos dimensionan el desafío. El informe estima un cierre sin acuerdo entre B/.2,600 y B/.3,400 millones a lo largo de 17 a 19 años. A ello se suman reclamaciones arbitrales por al menos US$27,000 millones, no reconocidas ni adjudicadas contra Panamá.
Estas cifras no determinan el camino, pero sí sus implicaciones. Si los costos recaen sobre el Estado, comprometen recursos destinados también a educación, salud, infraestructura y otras prioridades.
La recomendación ofrece beneficios potenciales: evitar que el cierre recaiga sobre las finanzas públicas, atender los arbitrajes y ordenar la transición. También exige atender riesgos: base jurídica sólida, fecha definitiva, recursos protegidos para el cierre y fiscalización rigurosa e independiente.
Por ello, consideramos razonable avanzar en la evaluación y eventual negociación de esta alternativa. Esa etapa permitirá conocer sus condiciones concretas antes de que el país adopte una decisión definitiva.
Claridad antes de decidir
Quedan aspectos por definir: figura jurídica y compatibilidad con el fallo y la Ley 407; régimen fiscal y participación del Estado; alcance de cualquier operación; fecha y garantías de cierre; terminación de los arbitrajes; fiscalización ambiental, transparencia y rendición de cuentas.
También deberán asegurarse oportunidades para las comunidades directamente impactadas, trabajadores y empresas panameñas, y fortalecer las capacidades de los municipios.
La transparencia no puede ser un requisito más. Debe acompañar todo el proceso: desde el mandato de una eventual negociación hasta la publicación de sus términos, la fiscalización y el cumplimiento de cada etapa.
Desde la Cámara mantenemos principios fundamentales: respeto al fallo y al ordenamiento jurídico; protección ambiental rigurosa y verificable; un cierre sin costo para el Estado ni los panameños; transparencia; metas claras; y prioridad para comunidades, trabajadores y empresas panameñas directamente impactadas.
Podemos disentir. Podemos cuestionar. Debemos fiscalizar. Hagámoslo con datos, serenidad y sentido de país.
La decisión debe ser jurídicamente sólida, ambientalmente responsable, económicamente sostenible y capaz de generar confianza, siempre protegiendo los intereses de Panamá.
Aurelio Barría Pino
Presidente
