Luego de un mes desde que el Pleno de la Corte Suprema de Justicia emitió su fallo sobre la inconstitucionalidad de la Ley 406 de 2023 por la cual se “aprueba el Contrato de Concesión Minera celebrado entre EL ESTADO y la sociedad MINERA PANAMA, S.A., y que no existe un plan claro respecto al proceso de cuido, mantenimiento y cierre de la operación de la mina, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) exige al Gobierno Nacional tomar las acciones que sean necesarias en el sitio en Donoso con el fin de mitigar los riesgos ambientales, económicos, sociales y legales.
La CCIAP considera necesario que el Gobierno tome el control de los accesos, para asi fiscalizar una correcta y oportuna gestión de cuido y mantenimiento exigiendo las responsabilidades que a la empresa le corresponde.
Además, en paralelo, el gremio empresarial demanda que el Gobierno Nacional inicie con urgencia una auditoría, por parte de un tercero independiente, que establezca una línea base definitiva en cuanto a el estado actual del sitio en materia ambiental, económica y social. Al tiempo que, se detalle de manera trasparente y técnica el plan de cierre de operaciones minero y se tomen decisiones de transición hacia dicho proceso.
“Tal y como lo hemos venido señalando, el Gobierno tiene que controlar los accesos al sitio en Donoso para que se puedan llevar a cabo cuanto antes las actividades de cuido y mantenimiento necesarias y prevenir un desastre ambiental,” indicó Adolfo Fábrega, Presidente de la CCIAP. “Requerimos que en los primeros días del año 2024 se ejecute con urgencia un plan de cuido y mantenimiento del sitio en Donoso.”
“Reiteramos que se tiene que nombrar cuanto antes una comisión que lleve adelante la formulación del plan del cierre minero, con una respectiva veeduría civil, esta última conformada por los diversos grupos ambientalistas, académicos, trabajadores y empresariales que han dado seguimiento a los temas de decisión a la fecha,” puntualizó el presidente del gremio empresarial.
