Para la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, en un Estado de Derecho como el nuestro, las garantías de los trabajadores son tuteladas por la Constitución de la República, al tiempo que su estricta observancia y aplicación corresponde a las instancias respectivas.
El pleno ejercicio de tales derechos no entra en conflicto y, por el contrario, corre en armonía con intereses estratégicos del país, al excluir la huelga de ámbitos como la operación del Canal de Panamá, norma que debe ser extensiva a otras áreas con impacto directo en la tranquilidad requerida para el normal desempeño de nuestra economía, sobre todo, en actividades comerciales y logísticas fundamentales como puertos marítimos, zonas francas y terminales aéreas, entre otras.
Panamá ha trabajado arduamente para posicionarse como hub logístico en la región, logrando captar clientes a nivel mundial, por lo que la paralización de labores en dichas áreas estratégicas incidirá en nuestra pérdida de competitividad frente a otros países que la han desarrollado de manera considerable al aprovechar las ventajas derivadas de la ampliación del Canal panameño.
Sería de esperar que esto fuera comprensible para algunos diputados de la Asamblea Nacional, dedicados ahora a estimular la actitud irresponsable de dirigentes que buscan la promoción del caos, en vez de recomendar el agotamiento de las vías del diálogo conciliador y constructivo para hallar las soluciones que, justamente, pueden reclamar los afectados. El país no olvida la experiencia lamentable dejada por la destrucción de la actividad bananera, a cuenta de la intransigencia.
En ese sentido, Panamá aguardaba una actitud diferente de todos aquellos que hoy integran el Legislativo. Es decir que, finalmente, dicho órgano asumiera la tarea trascendental de producir leyes beneficiosas para el país, entre éstas, las que modernicen el ordenamiento laboral de cara a las necesidades inmediatas del modelo económico que ha permitido nuestro crecimiento, el cual requiere elementos que incentiven la generación de muchos más y calificados empleos mediante la participación de la inversión privada.
Nuestro gremio insta a las partes a elevar el diálogo y considerar los nefastos resultados que pudiese acarrear este tipo de situaciones sobre la cadena logística nacional, clave en el desarrollo del país.
La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, además de subrayar la importancia de la seguridad jurídica como condición clave para la llegada de nuevas inversiones generadoras de trabajo, reitera la necesidad de mantener al margen de sobresaltos las actividades mencionadas, al considerarlas vitalmente estratégicas para el país. Poner en riesgo esto es poner en riesgo el futuro de Panamá.
Jorge Juan de la Guardia
Presidente CCIAP
