La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), continúa con su plan de trabajo de cara al seguimiento y compromiso adquirido de monitorear los temas presentados en Agenda País 2019 – 2024, en esta ocasión analizó el desarrollo del pilar del Institucionalidad Democrática.
La temática de estos encuentros individuales y de la mano de expertos en cada pilar consiste en revisar las iniciativas propuestas por Agenda País 2019 – 2024. Las mismas se trataban de acciones prácticas, a corto y mediano plazo, en materia de Salud y Seguridad Social, Educación, Institucionalidad Democrática y Crecimiento Económico Competitivo, materias que se plantearon como impostergables para poder avanzar en el desarrollo nacional durante este quinquenio.
Los pilares que ya han sido analizados son el de salud, seguridad social y educación. “Y en esta oportunidad se examinará el pilar de institucionalidad democrática. En abril de 2019, cuando realizamos el Debate Presidencial, sellamos esta iniciativa de monitoreo de Agenda País, hoy reafirmamos que continuaremos dando seguimiento a este compromiso por Panamá”, expresó Marcela Galindo, presidente de la CCIAP. “La institucionalidad guarda relación directa con la capacidad competitiva internacional, factor de primer orden en la captación de las inversiones requeridas para generar oportunidades que se puedan convertir en fuentes de empleo”.
De acuerdo con el Índice de Estado de Derecho, Proyecto de Justicia Mundial de 2017, Panamá ocupaba la posición 61 entre 113 economías. Mientras que, en el Índice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial, desde el año 2014, Panamá ha experimentado una caída en la medición del ranking de competitividad que presenta anualmente este foro. Luego de haber ocupado la posición 40, seis años después se encontraba 26 puestos por debajo en el número 66 de 141 países analizados.
A pesar de que, Panamá se mantiene entre las diez economías más competitivas de Latinoamérica, según esta medición de 2020, en la que el país que alcanzó posiciones con ventaja competitiva en los pilares de estabilidad macroeconómica, mercado de producto y sistema financiero; se destacaban la independencia judicial y la visión a largo plazo del gobierno; entre varios otros, como pilares con grandes rezagos.
Galindo recordó que, por años, desde este gremio se ha subrayado que la base fundamental de la vida en democracia es el imperio de la justicia; por cuanto careciendo de ésta, los ciudadanos y la sociedad están desprotegidos de sus garantías fundamentales, situación que se evidenció y empeoró durante la pandemia.
Recomendaciones a corto plazo 2019
En el 2019, en este tópico de Institucionalidad Democrática se presentaron a los candidatos presidenciales recomendaciones puntuales para que los servidores de los tres órganos del Estado (Legislativo, Ejecutivo y Judicial), los municipios y las entidades públicas trabajasen enfocados en resultados de bien público, actuación con transparencia y rendición de cuentas de sus actos.
Entre las principales recomendaciones a corto plazo para el Órgano Ejecutivo, Entidades Autónomas y Semiautónomas, estaban dar continuidad a aquellas políticas públicas que mostraran resultados positivos y establecer otras que permitan a las instituciones hacer sostenibles programas de interés general de largo alcance e invertir en tecnología, digitalización, procesos en línea que faciliten la tramitología, y el acceso a data de las diferentes instituciones. Esto apoyaría a la transparencia; al tiempo que, mejoraría los servicios que presta el Estado. A mediano plazo se recomendó contar con funcionarios públicos de carrera con formación en gestión pública, y en base a un sistema de méritos que asegure estabilidad en los cargos por competencia y probidad en el servicio; así como, el seguimiento y monitoreo de los beneficios de subsidios y/o becas. Además, el pilar de institucionalidad democrática de Agenda País recomendó eliminar toda ayuda que no responda a necesidades reales y que sólo tuviera fines partidistas.
Pertinente al régimen municipal y provincial a corto plazo, los municipios, según el artículo 233 de la Constitución Nacional, deben prestar servicios públicos, construir obras que determine la Ley, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación ciudadana y buscar el mejoramiento social y cultural de sus habitantes, entre otros. A mediano plazo se proponía el fortalecimiento de los gobiernos locales para generar confianza en la población, mediante la formulación de planes de gobierno desde las comunidades.
Con respecto al Órgano Judicial (Administración de Justicia) las sugerencias a corto plazo se centraban en cumplir con el compromiso de modificar la Constitución Política de la República de Panamá, preferiblemente mediante dos Asambleas. Se propuso que, los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el Procurador General de la Nación y el Procurador de la Administración fuesen seleccionados mediante un proceso especial, y a través de la Comisión de Evaluación y Postulación, los Magistrados, cuyo período de desempeño sería de 20 años y estos deben tener un mínimo de 45 años de edad, así como una especialización profesional en los asuntos de la sala del puesto por ocupar y en caso de denuncia contra un magistrado, se propone que sea el Ministerio Público el que investigue y la Asamblea Nacional la que juzgue. Aunado, a la propuesta de cumplir con la asignación del presupuesto al Órgano Judicial y que este disponga de suficientes recursos para cumplir y poner en total ejecución la Carrera Judicial y demás objetivos pendientes.
Algunas de las indicaciones para el Órgano Legislativo a corto plazo, era la reforma al Reglamento Interno de la Asamblea Nacional (Ley 49 de 1984), cuya última reforma se dio mediante Ley 66 de 30 de octubre de 2009, en aspectos como cumplir con asistencia al trabajo, amonestaciones y demás aspectos necesarios para un mejor funcionamiento del Órgano Legislativo. También, se planteó que las planillas de la Asamblea Nacional fuesen ajustadas a la realidad de las funciones de los diputados, creación de leyes, y no responder a intereses particulares. A mediano plazo, Agenda País 2019 – 2024, pedía analizar la posibilidad de cambiar, en el Título V, Órgano Legislativo de la Constitución Nacional, revisando la posibilidad de que los diputados fuesen provinciales y/o nacionales, y no por circuitos.
Panelitas del foro de seguimiento Institucionalidad Democrática
En ese sentido, a través de este foro de seguimiento Agenda País—2019-2024, Institucionalidad Democrática, Eloy Alfaro B., moderador y coordinador de este pilar, junto a un grupo de panelistas conformado por Paulina Franceschi, coordinadora Nacional del Diálogo de Bicentenario, asesora y consultora independiente; Marco A. Fernández, economista socio de la firma consultora INDESA; Adán A. Arjona, exmagistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia, dieron a conocer desde sus perspectiva el desenvolvimiento a corto plazo que han registrado estos temas, así como los que se han tenido un avance parcial y los que aún hacen falta por desarrollar.
