Más allá de las razones que la fundamenten, la declaración de inconstitucional de un contrato de concesión minera, casi 10 años después de invocada la medida, es preocupante para la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) por lo que proyecta sobre la seguridad jurídica en el país.
De la seguridad jurídica depende nuestra capacidad para atraer inversiones generadoras de empleo, razón por la cual debemos fortalecerla y consolidarla, en vez de someterla a riesgos peligrosos, y la Corte Suprema de Justicia debe ser garante de esto.
“El fallo en particular creó una incertidumbre innecesaria en el inversionista directo extranjero más grande que ha existido en la historia del país”, señaló Jorge Juan de la Guardia, presidente encargado de la CCIAP.
Solo para tomar en cuenta algunas cifras importantes, Minera Panamá, y su proyecto Cobre Panamá, emplea a más de 12,600 personas, aportando US$120 millones anuales en cuotas obrero-patronal a las Caja de Seguro Social; y ha invertido unos US$1,100 millones en compras a proveedores locales.
También, “es preocupante que la decisión sobre el proceso en referencia haya tomado casi una década, lo que nos confirma el propósito de continuar impulsando los cambios que promovemos en la administración de la justicia, mediante reformas constitucionales a través de dos asambleas nacionales consecutivas. Estas reformas se hacen cada vez más necesarias”, puntualizó.
