En medio de los desafíos que hoy aquejan a nuestra nación, surge un tema que debe ocupar el más alto escalón de nuestra agenda de políticas públicas: el fortalecimiento de nuestras instituciones y la gestión transparente y responsable de los recursos públicos. Lamentablemente, nuevamente estamos siendo testigos de decisiones tomadas por la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional que generan serias dudas sobre la dirección en la que se están llevando asuntos de primera importancia nacional.
La descentralización de los recursos debe ser una herramienta estratégica que fomente un desarrollo equitativo en todos nuestros municipios. Sin embargo, su efectividad está intrínsecamente vinculada a la capacidad de nuestras instituciones para administrar estos recursos de manera efectiva, garantizando una gestión eficiente y transparente. Lamentablemente, en lugar de avanzar hacia una descentralización efectiva, nos encontramos en una encrucijada caracterizada por la debilidad institucional y por decisiones políticas discutibles que afectan la correcta utilización de los fondos públicos.
La Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional desempeña un papel crucial en este proceso. Sin embargo, en lugar de basar sus decisiones en criterios técnicos y objetivos, parece que prevalecen consideraciones políticas en su agenda. Esta situación suscita interrogantes sobre si estas decisiones se toman en beneficio de la ciudadanía o, en cambio, si los recursos públicos se están utilizando con fines partidistas.
La falta de transparencia en el proceso de asignación de fondos para la descentralización también es motivo de seria preocupación. Los ciudadanos tienen derecho a conocer cómo se toman estas decisiones y en qué se emplean sus impuestos. La falta de claridad solo socava la confianza en nuestras instituciones y perpetúa la percepción de que los recursos públicos se gestionan de manera discrecional.
Además, la debilidad institucional es un problema que no podemos permitirnos ignorar. Las instituciones fuertes son fundamentales para garantizar un gobierno eficiente y el cumplimiento de la ley. Sin embargo, las decisiones tomadas una y otra vez por la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional parecen indicar que nuestras instituciones no están a la altura de las exigencias del país. Esto debe ser una llamada de atención para todos nosotros.
En este momento crucial de nuestra historia, es imperativo que todos los sectores de la sociedad panameña nos unamos y aboguemos por instituciones más fuertes, una mayor transparencia en el manejo de los fondos públicos y un enfoque en el bienestar de todos los ciudadanos, por encima de consideraciones políticas pasajeras. De esto depende el presente y futuro de Panamá.
Los países que han logrado mayor desarrollo lo han realizado por medio de instituciones inclusivas que fomentan la participación ciudadana, promueven la actividad económica, la productividad y el bienestar de la población. Este es el camino por seguir y por eso demandamos mayor transparencia en el uso de los fondos del programa de descentralización, así como en todas las instituciones del estado.
Adolfo Fábrega García de Paredes
Presidente CCIAP
