El Código Electoral define las reglas mediante las cuales elegimos a quienes nos gobiernan. Su reforma no es un asunto exclusivo de los partidos políticos ni de la Asamblea Nacional: es un asunto de todos los panameños.
La Comisión Nacional de Reformas Electorales, convocada por el Tribunal Electoral en 2025, reunió durante meses a distintos sectores de la sociedad y del Estado para analizar y construir consensos en torno a las reglas electorales. De ese proceso surgió el Proyecto de Ley 699, que reforma el Código Electoral.
La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá ha defendido históricamente la democracia y ha dado seguimiento riguroso a los procesos de reformas electorales. En las discusiones de las reformas al Código Electoral en 2021, ante circunstancias similares, fuimos claros: exigimos equidad, transparencia, rendición de cuentas y justicia. Esa posición no cambia.
La democracia no se legisla en la oscuridad
Reconocemos plenamente la facultad de la Asamblea Nacional para debatir y modificar los proyectos de ley sometidos a su consideración. Sin embargo, tratándose de las reglas que regirán la competencia electoral, todo cambio sustancial respecto de una propuesta construida mediante un proceso amplio de consulta debe estar acompañado de una deliberación suficiente, transparente y técnicamente sustentada.
Lo ocurrido durante el Primer Debate preocupa profundamente. Tras una jornada maratónica que terminó entrada la noche, la Comisión de Gobierno aprobó cambios de fondo introducidos sobre la marcha: más firmas y menos tiempo para la libre postulación, mayores requisitos para formar partidos políticos, modificaciones relacionadas con el financiamiento privado y la posibilidad de conservar dos cargos de elección popular.
A la sociedad civil, además, se le concedió un brevísimo espacio para intervenir. Lo que representa apenas un síntoma de un problema mayor: una discusión de enorme trascendencia desarrollada entre la prisa intencional, la opacidad y la oscuridad de la noche.
Las reglas que sostienen nuestra República y sobre las cuales descansa nuestra democracia requieren el mayor grado posible de transparencia, participación y deliberación.
Seamos claros: las reformas electorales se realizan con la única intención de fortalecer, aclarar y mejorar nuestra democracia, basándose en experiencias de procesos electorales previos. Se amplía la participación, no se restringe. Se mejora la competencia, no se levantan barreras para restringirla. Se transparenta el manejo del dinero en la política, no se crean oportunidades para esconderlo.
El sector privado sabe que la confianza es uno de los activos más importantes de un país, y la confianza institucional empieza en las urnas: en la certeza de que las reglas son claras, justas y equitativas, y que responden a la voluntad popular de la mayoría ciudadana, no a los intereses particulares de unos pocos políticos.
Segundo debate: corregir el rumbo
El Segundo Debate representa una oportunidad para revisar, corregir y alcanzar los consensos necesarios.
Pedimos que la discusión se realice sin prisa y a la luz del día, con transparencia y con el tiempo que exige una reforma de esta trascendencia; que se escuche al Tribunal Electoral, a la sociedad civil y a los gremios; y que se revisen aquellas disposiciones que puedan restringir injustificadamente la participación, reducir la competencia transparente y equitativa o generar ventajas indebidas para determinados actores políticos.
La historia no recordará cuántas horas duró aquella sesión. Recordará las reglas que resultaron de ella y, sobre todo, su impacto sobre la participación, la representación ciudadana y la confianza en nuestro sistema electoral.
Panamá necesita reformas electorales que fortalezcan nuestra democracia. Las reglas electorales deben generar confianza, garantizar equidad y ampliar la participación ciudadana. Bajo ninguna circunstancia debemos aceptar menos.
Aurelio Barría Pino
Presidente
