Culminando la semana pasada, los panameños aguardábamos por la audiencia de acusación al expresidente de la República Ricardo Martinelli, quien ha sido señalado en diferentes casos de corrupción, entre estos, el de violación de la privacidad de las comunicaciones de más un centenar de personas, un principio consagrado en nuestra Carta Magna. Sin embargo, por la ausencia del exmandatario, lo cual fue calificado por la Corte Suprema de Justicia como un acto de rebeldía, este acto no pudo realizarse.
Desde hace más de un año, nuestro país exige respuestas y aclaraciones ante los numerosos señalamientos de peculado, enriquecimiento ilícito y delito contra la administración pública, entre otros procesos que se adelantan a exfuncionarios y civiles.Si bien Panamá reclama justicia, las autoridades están llamadas a hacerlo fortaleciendo nuestra institucionalidad, en estricto apego al debido proceso, la presunción de inocencia y los principios que la Ley establece.
Recordemos que el poder público sólo emana del pueblo y lo ejerce el Estado, por medio de los Órganos Legislativo, Ejecutivo y Judicial, quienes deben actuar limitada y separadamente, pero en armónica colaboración, velando siempre por los mejores intereses de nuestros conciudadanos. En esta coyuntura, esperamos de los Magistrados recién nombrados, actuaciones revestidas de principios éticos y morales, distanciadas ampliamente de la política partidista
En los últimos meses hemos visto a hermanos países latinoamericanos dar ejemplares muestras de madurez política, rechazo a la impunidad y a la corrupción, una condición de la que Panamá también se enorgullece ostentar.
Recuperar la confianza ciudadana en la clase política, continúa siendo uno de los mayores retos como país para el 2016.
Ing. Carlos G. Fernández,
Presidente CCIAP.
