La mesa única del diálogo por Panamá ha planteado los puntos a discutir de cara a encontrar soluciones a algunas de las necesidades sociales y económicas que reclama la ciudadanía, pero para que este proceso sea efectivo y se logren acciones coordinadas y realmente ejecutables tiene que contar, como requisito indispensable, con la presencia y representación de todos los sectores.
Si cuatro de los ocho puntos acordados entre el mediador y los manifestantes deben ser ejecutados por el sector empresarial, es necesario que este participe de la negociación en la mesa. Además, todos los involucrados debemos tener la capacidad de presentar propuestas sólidas, posibles y con sustento técnico. Los actuales participantes han presentado planteamientos para negociar con el Gobierno; no obstante, no es éste quien cuenta con la información pertinente para tomar decisiones con respecto a acciones que debe ejecutar el sector privado. Cualquier pacto desarrollado sobre la base de información poco ejecutable por el sector productivo solo alimentaría la frustración y la desconfianza ciudadana.
Además, tiene que sumarse a la ecuación dentro de la negociación, el derecho al libre tránsito que tenemos todos los ciudadanos. Es incalculable el alto impacto económico que está ocasionando al sector agropecuario, comercial y productivo, el bloqueo sufrido en las ultimas semanas, al no poder trasladar sus productos a otros sectores del país. Especialmente, el sector primario, que no pudieron entregar y por lo tanto vender sus cosechas y siembras ya comprometidas, limitando sus ingresos inmediatos, afectando directamente su capacidad de invertir para futuros cultivos.
En estas circunstancias, los diferentes sectores de la empresa privada tienen que poder analizar de primera mano las propuestas en la mesa. No se puede continuar debilitando más a los micro y pequeños productores y empresarios, quienes generan cerca del 60% de los empleos; es decir, más de 475,000 personas a nivel nacional cuya sustentabilidad ya se encuentra en peligro.
La posición aquí planteada se suma a la preocupación de más de 50 organizaciones gremiales que reúnen a productores, agropecuarios, agroindustria y organizaciones afines que hemos conformado la Gran Alianza Nacional por Panamá, bajo la premisa que los problemas del país no pueden ser resueltos por dos o tres grupos, sin contemplar la contribución de todos los sectores con derecho a aportar.
Posiciones e intereses particulares no tienen cabida en un diálogo de esta magnitud; por lo que, reiteramos, en esta mesa debe permanecer el respeto, la participación de todos y propuestas concretas que muestren signos de buena voluntad. Sólo con un acuerdo inclusivo y consensuado, que tenga como estandarte los intereses del país y sus ciudadanos, logrará los resultados positivos que Panamá requiere.
Marcela Galindo De Obarrio
Presidente CCIAP
