Desde la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá hemos mantenido una posición consistente. Tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia señalamos la necesidad de atender el sitio con responsabilidad técnica y ambiental. Solicitamos información independiente, transparencia y una decisión que protegiera los intereses del país sin trasladar sus costos a los panameños.

El informe propone evaluar un acuerdo que permita resolver los arbitrajes pendientes y una puesta en marcha orientada a un cierre ordenado, autofinanciado, sin prórroga y en acatamiento del fallo de la Corte Suprema de Justicia.

Una recomendación balanceada

Desde la Cámara consideramos que la recomendación presenta una ruta balanceada. No plantea regresar al modelo anterior, pero tampoco desconoce las implicaciones ambientales, económicas, sociales y jurídicas de mantener indefinidamente el sitio en su condición actual.

Los datos dimensionan el desafío. El informe estima un cierre sin acuerdo entre B/.2,600 y B/.3,400 millones a lo largo de 17 a 19 años. A ello se suman reclamaciones arbitrales por al menos US$27,000 millones, no reconocidas ni adjudicadas contra Panamá.

Estas cifras no determinan el camino, pero sí sus implicaciones. Si los costos recaen sobre el Estado, comprometen recursos destinados también a educación, salud, infraestructura y otras prioridades.

La recomendación ofrece beneficios potenciales: evitar que el cierre recaiga sobre las finanzas públicas, atender los arbitrajes y ordenar la transición. También exige atender riesgos: base jurídica sólida, fecha definitiva, recursos protegidos para el cierre y fiscalización rigurosa e independiente.

Por ello, consideramos razonable avanzar en la evaluación y eventual negociación de esta alternativa. Esa etapa permitirá conocer sus condiciones concretas antes de que el país adopte una decisión definitiva.

Claridad antes de decidir

Quedan aspectos por definir: figura jurídica y compatibilidad con el fallo y la Ley 407; régimen fiscal y participación del Estado; alcance de cualquier operación; fecha y garantías de cierre; terminación de los arbitrajes; fiscalización ambiental, transparencia y rendición de cuentas.

También deberán asegurarse oportunidades para las comunidades directamente impactadas, trabajadores y empresas panameñas, y fortalecer las capacidades de los municipios.

La transparencia no puede ser un requisito más. Debe acompañar todo el proceso: desde el mandato de una eventual negociación hasta la publicación de sus términos, la fiscalización y el cumplimiento de cada etapa.

Desde la Cámara mantenemos principios fundamentales: respeto al fallo y al ordenamiento jurídico; protección ambiental rigurosa y verificable; un cierre sin costo para el Estado ni los panameños; transparencia; metas claras; y prioridad para comunidades, trabajadores y empresas panameñas directamente impactadas.

Podemos disentir. Podemos cuestionar. Debemos fiscalizar. Hagámoslo con datos, serenidad y sentido de país.

La decisión debe ser jurídicamente sólida, ambientalmente responsable, económicamente sostenible y capaz de generar confianza, siempre protegiendo los intereses de Panamá.

Aurelio Barría Pino

Presidente

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La Comisión Nacional de Reformas Electorales, convocada por el Tribunal Electoral en 2025, reunió durante meses a distintos sectores de la sociedad y del Estado para analizar y construir consensos en torno a las reglas electorales. De ese proceso surgió el Proyecto de Ley 699, que reforma el Código Electoral.

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá ha defendido históricamente la democracia y ha dado seguimiento riguroso a los procesos de reformas electorales. En las discusiones de las reformas al Código Electoral en 2021, ante circunstancias similares, fuimos claros: exigimos equidad, transparencia, rendición de cuentas y justicia. Esa posición no cambia.

La democracia no se legisla en la oscuridad

Reconocemos plenamente la facultad de la Asamblea Nacional para debatir y modificar los proyectos de ley sometidos a su consideración. Sin embargo, tratándose de las reglas que regirán la competencia electoral, todo cambio sustancial respecto de una propuesta construida mediante un proceso amplio de consulta debe estar acompañado de una deliberación suficiente, transparente y técnicamente sustentada.

Lo ocurrido durante el Primer Debate preocupa profundamente. Tras una jornada maratónica que terminó entrada la noche, la Comisión de Gobierno aprobó cambios de fondo introducidos sobre la marcha: más firmas y menos tiempo para la libre postulación, mayores requisitos para formar partidos políticos, modificaciones relacionadas con el financiamiento privado y la posibilidad de conservar dos cargos de elección popular.

A la sociedad civil, además, se le concedió un brevísimo espacio para intervenir. Lo que representa apenas un síntoma de un problema mayor: una discusión de enorme trascendencia desarrollada entre la prisa intencional, la opacidad y la oscuridad de la noche. 

Las reglas que sostienen nuestra República y sobre las cuales descansa nuestra democracia requieren el mayor grado posible de transparencia, participación y deliberación.

Seamos claros: las reformas electorales se realizan con la única intención de fortalecer, aclarar y mejorar nuestra democracia, basándose en experiencias de procesos electorales previos. Se amplía la participación, no se restringe. Se mejora la competencia, no se levantan barreras para restringirla. Se transparenta el manejo del dinero en la política, no se crean oportunidades para esconderlo. 

El sector privado sabe que la confianza es uno de los activos más importantes de un país, y la confianza institucional empieza en las urnas: en la certeza de que las reglas son claras, justas y equitativas, y que responden a la voluntad popular de la mayoría ciudadana, no a los intereses particulares de unos pocos políticos.

Segundo debate: corregir el rumbo

El Segundo Debate representa una oportunidad para revisar, corregir y alcanzar los consensos necesarios.

Pedimos que la discusión se realice sin prisa y a la luz del día, con transparencia y con el tiempo que exige una reforma de esta trascendencia; que se escuche al Tribunal Electoral, a la sociedad civil y a los gremios; y que se revisen aquellas disposiciones que puedan restringir injustificadamente la participación, reducir la competencia transparente y equitativa o generar ventajas indebidas para determinados actores políticos.

La historia no recordará cuántas horas duró aquella sesión. Recordará las reglas que resultaron de ella y, sobre todo, su impacto sobre la participación, la representación ciudadana y la confianza en nuestro sistema electoral.

Panamá necesita reformas electorales que fortalezcan nuestra democracia. Las reglas electorales deben generar confianza, garantizar equidad y ampliar la participación ciudadana. Bajo ninguna circunstancia debemos aceptar menos.

Aurelio Barría Pino

Presidente

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El XVIII Foro Nacional para la Competitividad dejó una conclusión clara: ningún sector puede mover por sí solo la aguja de la competitividad de Panamá.

Gobierno Nacional, sector privado, academia y trabajadores tienen que remar sobre una misma agenda, con responsabilidades claras, métricas y seguimiento.

Hay avances. Hay que acelerar.

La Estrategia Nacional de Competitividad 2024-2029 ya ofrece una hoja de ruta.

En su segundo año contempló 32 acciones estratégicas desarrolladas mediante 285 hitos de implementación. El 50% de esas acciones está terminado y el 47% se encuentran en curso. Hay movimiento, pero el siguiente paso es acelerar.

Coordinar no es reunirse. Coordinar es tomar decisiones, remover obstáculos y convertir acuerdos en resultados.

La Marca País, es un buen ejemplo. Era una de las acciones contempladas en la Estrategia y hoy ya muestra un avance concreto. Pero su verdadero valor dependerá de que la promesa que proyectamos hacia afuera coincida con la experiencia que ofrecemos como país.

Reputación y competitividad van de la mano.

Talento, reglas y confianza

La competitividad se juega en temas muy concretos.

Talento preparado para lo que demanda el mercado. Un Estado más ágil y digital. Seguridad jurídica. Infraestructura eficiente. Una plataforma logística capaz de capturar más valor. Instituciones que funcionen.

Todo genera confianza. Y la confianza es un activo económico. Influye cuando una empresa decide invertir, cuando un turista elige un destino o cuando un comprador internacional busca un proveedor.

Cuatro sectores, una agenda

La colaboración entre sector privado, Gobierno, academia y trabajadores no puede quedarse como una frase de foro. Tiene que ser un modelo de trabajo.

El sector público crea condiciones y ejecuta políticas. El sector privado invierte, innova y genera empleo. La academia forma talento, investiga y conecta conocimiento con las necesidades del país. Los trabajadores aportan experiencia, capacidades y una visión indispensable sobre productividad, formación y empleo.

Son cuatro sectores sentados en una misma mesa.

Si cada uno avanza por su lado, perdemos tiempo. Si alineamos objetivos y responsabilidades, multiplicamos resultados.

Panamá ya tiene una ruta. Ahora toca acelerar.

Menos dispersión. Más coordinación.

Menos intención. Más acción.

Menos discurso. Más resultados. 

La diferencia estará en nuestra capacidad de ejecutar juntos y convertir esa agenda común en resultados concretos para Panamá.

Aurelio Barría Pino

Presidente

La entrada Competitividad: ejecutar juntos se publicó primero en Panacamara.

La razón es concreta. En Panamá, más de 113 mil jóvenes entre 15 y 29 años están desocupados y el desempleo juvenil alcanza 19.9%, casi el doble de la tasa nacional de 10.4%. Son miles de jóvenes que necesitan una puerta de entrada al mercado laboral.

Por eso respaldamos la Ley de Pasantías y su reglamentación. No se trata de sumar otra norma, sino de ordenar una realidad que ya existía y abrir una vía para que los jóvenes obtengan lo que el mercado les exige constantemente: experiencia. La Ley no resolverá por sí sola el desempleo juvenil, pero ataca una de sus barreras más claras: ¿cómo se le pide experiencia a quien no ha tenido la oportunidad de adquirirla?

Aprender haciendo

Las pasantías no son nuevas. Ya existen las prácticas profesionales vinculadas a los planes académicos, y las apoyamos porque creemos en aprender haciendo. Lo nuevo es contar con un marco legal específico para las pasantías en el ámbito laboral, que permite a las empresas ofrecer una experiencia estructurada y certificable.

Hoy una empresa puede formar talento, asignar funciones con propósito formativo, acompañar al joven con un tutor y certificar la duración de la pasantía, las funciones realizadas y las competencias observadas. Esa certificación es una credencial real para quien busca su primer empleo. Así se rompe el círculo.

Más protección, no menos

Antes, fuera de las prácticas académicas, un joven podía incorporarse como practicante sin condiciones mínimas comunes; hasta la remuneración quedaba a criterio de la empresa. Hoy hay reglas: retribución mínima de B/.450 mensuales, póliza de seguro, tutor o mentor, acuerdo de participación, funciones formativas, duración máxima de un año y certificación de la experiencia. Y la pasantía no puede usarse para sustituir un puesto permanente.

Pongamos la discusión en su justa dimensión: una pasantía bien regulada no sustituye empleo; prepara para el empleo. Para el joven es experiencia, acompañamiento y protección. Para el empleador, la posibilidad de formar el talento que mañana contratará.

De la ley a la ejecución

El 8 de septiembre, el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL) presentó en la Cámara su plataforma de registro de pasantes ante más de cien empresas y gremios. Varias registraron allí a sus pasantes; muchas más ya están en la plataforma y otras avanzan en el proceso. Este trabajo viene de atrás: MITRADEL y la Cámara ya hemos capacitado a empresas sobre la Ley, su reglamento y la plataforma, y seguiremos haciéndolo.

La respuesta del sector privado está ahí. Ahora corresponde multiplicarla.

La Ley ya está. El reglamento también. Ahora toca hacer que funcione. Porque abrir una puerta con reglas claras, formación y protección no precariza el talento: le da una oportunidad real de entrar al mundo laboral.

Aurelio Barría Pino

Presidente

La entrada Pasantías: reglas claras para abrir oportunidades se publicó primero en Panacamara.

Desde que se creó el control de precios, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá advirtió sobre sus consecuencias. Intervenir artificialmente el mercado genera distorsiones en la cadena productiva, afecta la oferta y, tarde o temprano, termina impactando al consumidor.

Durante toda la administración anterior hicimos llamados de atención. Nuestra posición fue consistente: el control de precios no resolvía de manera estructural el costo de la canasta básica.

En nuestras intervenciones públicas repetimos una frase que terminó describiendo exactamente lo ocurrido: “No hay nada más fijo que algo temporal”. El control de precios nació como una medida transitoria y permaneció por más de una década.

La experiencia confirmó nuestras advertencias. Estas medidas generaron subsidios cruzados, traslado de costos hacia otros productos y comprometieron el abastecimiento.

Ya conocemos ese camino. No debemos volver a recorrerlo.

Una alternativa distinta

Hoy el Gobierno Nacional busca alternativas para aliviar el costo de la canasta básica. Es un objetivo necesario y compartido.

Las conversaciones con el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) para desarrollar la Canasta Básica pa’ Ti plantean una ruta diferente: diálogo, participación voluntaria del sector privado y búsqueda de mejores precios sin regresar a esquemas de control.

Ese enfoque va en la dirección correcta.

Existe disposición del sector privado para aportar. El Gobierno debe asumir un rol de facilitador y la participación de las empresas debe ser voluntaria, respetando la competencia y la realidad de cada cadena de comercialización.

La fórmula debe ser sencilla: más competencia, más oferta y mejores opciones para el consumidor.

Que los resultados hablen

Ahora hay que pasar de la intención a los resultados.

La Canasta Básica pa’ Ti deberá responder preguntas concretas: ¿qué productos incluirá?, ¿cuál será el ahorro real?, ¿habrá suficiente disponibilidad?, ¿podrá mantenerse en el tiempo? Se trata de que el consumidor encuentre los productos y pague menos por ellos.

Disponibilidad y precio. Esos son los indicadores que importan.

La posición de la Cámara sigue siendo clara: los controles generan distorsiones; la competencia genera opciones.

Si queremos aliviar el bolsillo de los panameños, apostemos por soluciones sostenibles.

Más oferta. Más competencia. Diálogo público-privado. Y resultados que el consumidor pueda comprobar.

Aurelio Barría Pino

Presidente

La entrada Canasta básica: soluciones, no controles se publicó primero en Panacamara.

El Proyecto de Ley 226, aprobado recientemente, amplía beneficios, incorpora nuevos descuentos y aumenta otros ya existentes a jubilados, pensionados y personas de la tercera edad. Para la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), esto amerita una decisión clara del Ejecutivo: el proyecto debe ser vetado en su conjunto.

Las MiPymes no tienen margen infinito

Para una micro, pequeña o mediana empresa, un descuento obligatorio no es una cifra en una ley. Es una reducción directa sobre una venta mientras la planilla, el alquiler, la energía, los insumos, el financiamiento y los impuestos siguen costando lo mismo o inclusive más.

Las MiPymes no tienen capacidad ilimitada para absorber nuevas cargas. Cuando los costos aumentan de manera permanente, las alternativas son pocas: reducir márgenes, subir precios, posponer inversiones, limitar contrataciones o dejar de operar.

Ninguna de esas opciones beneficia a los panameños en su conjunto.

El crédito fiscal no resuelve el problema

Reconocer fiscalmente los descuentos es un tema pendiente que debe atenderse. Durante años, distintos sectores han asumido beneficios establecidos por ley sin un reconocimiento fiscal equivalente.

Incorporar un crédito fiscal del 100% no corrige por sí solo el problema de fondo.

Primero debe determinarse su viabilidad, su costo para las finanzas públicas y la capacidad del Estado para hacerlo efectivo. Y aun si ese mecanismo funcionara, seguiría pendiente la pregunta principal: ¿es sostenible continuar ampliando una política social mediante obligaciones impuestas al tejido empresarial?

Una política social necesita sostenibilidad

La solidaridad con nuestros adultos mayores es responsabilidad de toda la sociedad. No debe descansar de forma creciente y permanente sobre determinados sectores productivos.

Antes de imponer nuevas cargas, corresponde evaluar el régimen vigente, su impacto inflacionario sobre precios, empleo, inversión y MiPymes, así como la participación que debe asumir el Estado en su financiamiento.

También debemos fortalecer el cumplimiento de los beneficios que ya existen y atender las causas que obligan a muchos adultos mayores a buscar en el sector privado respuestas que deberían encontrar oportunamente en los servicios públicos.

Nuestra posición es clara: pedimos al Presidente de la República vetar esta iniciativa y abrir una revisión integral, técnica, fiscal y económica.

Proteger a nuestros adultos mayores es necesario. Hacerlo poniendo más presión sobre las MiPymes no es sostenible.

La entrada Veto a una ley que pone más presión sobre las MiPymes se publicó primero en Panacamara.

Ese fue el centro del primer Congreso Nacional MIPYME 360, organizado esta semana por la Federación de Cámaras de Comercio de la República de Panamá (FEDECÁMARAS), de la cual formamos parte, que se celebró en Santiago de Veraguas, que reunió a empresarios, gremios, especialistas, organismos multilaterales y autoridades.

De ese encuentro salió una hoja de ruta. Ahora toca convertirla en resultados.

Empresas que crezcan

El punto de partida es claro: fortalecer a las empresas que ya producen, invierten y generan empleo.

Eso supone ampliar el acceso a financiamiento y educación financiera, acercar a las MIPYME a universidades y centros de innovación, desarrollar capacidad exportadora y vincularlas con empresas de mayor escala.

El objetivo no puede ser administrar empresas pequeñas.  El objetivo es que dejen de ser pequeñas.

Que vendan más. Que contraten más. Que innoven. Que compitan.

Conectar para multiplicar

Desde FEDECÁMARAS planteamos fortalecer los encadenamientos productivos.

Cuando una gran empresa compra a proveedores nacionales, capacita a su cadena y genera nuevas oportunidades alrededor de su operación, la inversión deja de tener un solo impacto. Se multiplica. Eso significa más proveedores panameños, más actividad económica y más oportunidades fuera de la capital.

Panamá necesita conectar mejor su economía.

La mina también cuenta

En esa conversación entra la mina de Donoso. No solamente por el tamaño de la inversión. También por su capacidad potencial de convertirse en una industria ancla y generar actividad alrededor de transporte, logística, mantenimiento, alimentación, servicios y proveedores nacionales.

La mina no es únicamente una discusión sobre minería. También es una discusión sobre empleo, inversión, MIPYME y desarrollo territorial.

Eso no significa un cheque en blanco. Cualquier decisión debe ser jurídicamente sólida, ambientalmente responsable, técnicamente ejecutable, económicamente conveniente y transparente para Panamá.

No decidir tiene costos. Por eso el país necesita una decisión seria, sustentada y pensando en el interés nacional, sin improvisaciones.

De propuestas a resultados

Gobierno, empresa privada, academia y organismos financieros tienen responsabilidades distintas. El objetivo debe ser el mismo: crear condiciones para producir más, invertir más y generar más empleo en todo Panamá.

La hoja de ruta está planteada. Ahora corresponde ejecutarla.

Panamá necesita empresas más fuertes, necesita inversión, necesita empleo, y necesita decisiones.

Aurelio Barría Pino

Presidente

La entrada MIPYME: crecer, conectar, decidir se publicó primero en Panacamara.

Por encima de cambios de autoridades, coyunturas o diferencias, el objetivo debe ser uno: que nuestros niños y jóvenes permanezcan en las aulas, aprendan y encuentren en la educación una vía real para construir su futuro.

La educación está por encima de personas y cargos. Debe ser una política de Estado y una prioridad nacional. Requiere calidad, inversión responsable y, sobre todo, resultados.

Para esto necesitamos una renovación integral de la ley de educación, basada en un diálogo constructivo de todos los sectores, de cara a que los estudiantes reciban una educación óptima que los prepare para el mundo laboral dinámico al que se enfrentarán.

Esto también exige la adecuación y mantenimiento de las instalaciones educativas, para que nuestros estudiantes y docentes cuenten con espacios seguros, dignos y apropiados para enseñar y aprender. La calidad de la educación también depende del entorno en el que se desarrolla.

Transparencia. Ante la investigación abierta por el Ministerio Público, a solicitud de la entonces ministra de Educación, sobre la compra de laptops por el MEDUCA, corresponde que se realicen todas las diligencias con rigor, independencia y transparencia, respetando el debido proceso.

Los recursos destinados a la educación deben administrarse con absoluta responsabilidad. Cada balboa cuenta y cada decisión debe sustentarse.

La educación es una responsabilidad de todos.

El Gobierno Nacional, a través del MEDUCA, tiene la obligación de brindar una educación continua y de calidad.

La empresa privada tiene la responsabilidad de generar espacios de formación y oportunidades.

Y como sociedad debemos entender que educación, empleo y desarrollo van de la mano.

Panamá no puede darse el lujo de perder una generación por falta de una educación de calidad.El objetivo es claro: que ningún niño o joven abandone el sistema educativo y que cada estudiante encuentre en la educación el camino para construir un mejor futuro.

Aurelio Barría Pino

President

La entrada Educación: Prioridad, Política de Estado y Colaboración se publicó primero en Panacamara.

Panamá necesita más empresas formales. Más inversión. Más empleo. Y eso empieza por facilitar el camino de la formalización para quienes deciden emprender.

Nuestro país cuenta con personas con talento, ideas y disposición para crear negocios. Lo que muchas veces falta es un Estado que responda con la misma agilidad con la que los emprendedores están dispuestos a invertir, innovar y generar oportunidades.

La burocracia sigue siendo uno de los principales obstáculos para la formalización. Cada trámite innecesario, cada requisito duplicado y cada demora representan tiempo perdido, mayores costos y oportunidades que se dejan escapar. Para un emprendedor, el tiempo también es capital.

Hay avances. Hay que acelerarlos.

Panamá ha dado pasos importantes para simplificar la formalización empresarial. Las Sociedades de Emprendimiento, el Registro Empresarial en línea y la Ventanilla Única de la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (AMPYME) son ejemplos de que es posible reducir barreras y facilitar la creación de empresas. Son medidas que demuestran que modernizar procesos sí genera resultados. 

Pero esos avances no pueden ser la meta. Deben ser el punto de partida.

Todavía existen procesos que obligan a recorrer distintas instituciones, presentar documentos que el propio Estado ya posee o esperar semanas por respuestas que podrían obtenerse en días, o incluso en horas. Esa realidad no es compatible con un país que aspira a ser más competitivo y atraer más inversión.

Formalizar debe ser un incentivo

La formalización abre oportunidades. Permite acceder a financiamiento, fortalecer la confianza, crecer, generar empleo y participar en nuevos mercados. También amplía la base empresarial del país y contribuye al desarrollo económico.

Por eso, la mejor política pública para impulsar el emprendimiento formal no es crear más trámites. Es eliminar los que no agregan valor.

Digitalizar procesos, integrar plataformas, compartir información entre instituciones y reducir tiempos de respuesta no son aspiraciones. Son decisiones que mejoran la competitividad y hacen más atractivo emprender de manera formal en Panamá.

Un compromiso compartido

Desde la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá promovemos iniciativas como el Bootcamp “De la idea al negocio”, celebrado esta semana que termina, porque creemos que la capacitación es fundamental para que más emprendedores den el paso hacia la formalización. Sin embargo, ese esfuerzo solo alcanzará su máximo impacto si va acompañado de un entorno institucional que facilite hacer empresa. La formación prepara; un Estado eficiente permite crecer.

El momento es ahora

Panamá necesita que emprender de manera formal sea más fácil.

Cada empresa que nace representa inversión, empleo y nuevas oportunidades. Cada trámite que se elimina fortalece la competitividad del país. Cada proceso que se simplifica envía una señal de confianza a quienes deciden apostar por Panamá.

Reducir la burocracia ya no debe verse como una reforma administrativa. Debe asumirse como una política de desarrollo económico. Porque cuando formalizar un negocio es más fácil, gana el emprendedor, gana la empresa y gana Panamá.

Aurelio Barría Pino

Presidente

La entrada Emprender formalmente debería ser más fácil se publicó primero en Panacamara.

El 96% de las empresas en Panamá son Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPymes). Ese dato es un mandato: como el gremio más representativo del sector privado, enfocamos nuestra energia en fortalecer a quienes emprenden todos los días.

Una ruta que empezó hace años

Desde 2021 creamos la subcategoría de Miembro Asociado Emprendedor. Fue una decisión deliberada: abrir la Cámara a quienes recién comienzan, no solo a la empresa consolidada.

Desde 2023 lideramos el Congreso de Emprendimiento. Este año llegamos a la cuarta edición, con una meta clara: acompañar al emprendedor desde la idea hasta la formalización y el desarrollo, con herramientas reales y aliados comprometidos.

IV Congreso de Emprendimiento: la próxima entrega

El 5 de agosto realizaremos el Bootcamp para Emprendedores: De la Idea al Negocio, en nuestra sede. Esperamos a más de 200 emprendedores panameños. 

El programa está diseñado para generar resultados, no solo inspiración: inteligencia artificial aplicada a negocios, herramientas prácticas para emprender, y el camino concreto hacia la formalización.

Construimos esto junto al Gobierno Nacional, a entidades bancarias miembros de la Cámara y a otros gremios de profesionales. Cada aliado suma una pieza al ecosistema que estamos construyendo y fortaleciendo.

Resolver en un solo espacio.

Los participantes tendrán acceso directo, en la misma jornada, a entidades clave para estructurar su empresa: el Ministerio de Salud (MINSA), el Municipio de Panamá, el Municipio de San Miguelito, el Ministerio de Trabajo (MITRADEL) y la Caja de Seguro Social (CSS). Al igual que, a la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (AMPYME) y la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACYT).

Esto es interacción público-privada aplicada en beneficio de los emprendedores.

Un ecosistema que se consolida.

Nuestra visión es clara: que emprender en Panamá no sea un salto al vacío, sino un camino acompañado. Mentorías, capacitación, conexión con financiamiento y una ruta ordenada hacia la formalidad.

Formalizar no es un trámite más. Es la puerta de entrada a crédito, a clientes corporativos y a mercados internacionales. Por eso trabajamos para que ese proceso sea cada vez más simple, más cercano y más humano.

Compromiso institucional, resultados concretos

El futuro económico de Panamá también se construye desde cada emprendimiento que logra crecer, formalizarse y generar empleo. Esa es la apuesta que seguiremos liderando.  Es nuestra hoja de ruta que ya está en marcha, con fecha, con aliados y con resultados medibles.

Panamá crece cuando sus emprendedores crecen.

Aurelio Barría Pino

Presidente

La entrada Emprendimiento en Panamá: lo que estamos construyendo se publicó primero en Panacamara.