El camino hacia el progreso y la modernización de nuestro país depende fundamentalmente de la consolidación de un Estado de Derecho robusto, respaldado por una administración de justicia oportuna y equitativa. Sin este cimiento, cualquier avance que logremos será efímero y poco sustancial.
Bajo esta premisa, es alentador observar los avances que se han logrado en el Sistema de Administración de Justicia, especialmente en los procesos de rendición de cuentas frente al mal uso de los recursos públicos.
Mucho de estos avances se deben a los nombramientos realizados por esta administración en la Corte Suprema de Justicia. Nombramientos que se han probado mediante su actuar y que han ganado la confianza de la población.
Aunque aún enfrentamos desafíos significativos, se empiezan a observar cambios y eso es importante. La impunidad ya no está garantizada.
Nos encontramos en un momento trascendental de nuestra historia, en el cual la institucionalidad de diferentes instancias del Estado se encuentra a prueba. Es responsabilidad de sus funcionarios dar muestras de su verticalidad y estricto apego a la Constitución de la República y sus leyes.
Asimismo, como ciudadanos, debemos contribuir a fomentar una cultura de transparencia y a mejorar la integridad institucional de nuestro país. Todos estamos obligados a respetar la ley, y aquellos que la violen deben enfrentar las consecuencias correspondientes.
Vivimos en un sistema democrático que no se limita únicamente a ejercer nuestro derecho al voto cada cinco años. Para que una verdadera democracia funcione debe existir un real Estado de Derecho que brinde seguridad a sus ciudadanos, así como una ciudadanía comprometida que en todos sus roles – empresarios, trabajadores, empleados públicos, por mencionar algunos – respete las leyes y se comprometa con valores como la honestidad y la resiliencia.
Para caminar hacia un desarrollo pleno, cada uno de nosotros debe contribuir a fortalecer nuestro modelo democrático, uno de cuyos componentes básicos, como ya lo hemos destacado, es un sistema de administración de justicia certero, transparente e imparcial. Solo así afianzaremos un futuro confiable para todos los panameños.
Adolfo Fábrega García de Paredes
Presidente CCIAP
