A diario, cientos de empresas dedican recursos significativos a brindarle bienes y servicios al Estado, los cuales deben continuar llegando con efectividad a la población. Por esto resulta incomprensible que muchas de estas empresas, especialmente las pequeñas y medianas, se vean gravemente afectadas por la excesiva burocracia, las prolongadas demoras y el incumplimiento por parte de las instituciones públicas, así como la inefectividad de las entidades de control en el sector público.
A través del tiempo y bajo diferentes administraciones, se ha normalizado el incumplimiento de los términos y condiciones de pago por parte de las instituciones públicas. A pesar de esto, muchas empresas arriesgan su continuidad de negocios al cumplir con los compromisos contractuales, entregando bienes y prestando servicios, sin que el Estado cumpla con los términos de pago pactados. De esta forma, se acumulan sumas millonarias con altas antigüedades en cuentas por pagar que el Estado tiene con la empresa privada. Para mencionar algunos ejemplos: B/. 22 millones a comercios que procesan Beca Universal, B/. 95 millones a proveedores de medicamentos, B/. 18 millones a los supermercados que acogen el Vale Digital o casi B/. 600 millones adeudados a los bancos en concepto de interés preferencial, mucho de esto con antigüedades de más de 180 días.
Las consecuencias de la falta de pago por parte de las instituciones públicas son negativas. En primer lugar, las empresas afectadas sufren en su flujo de caja y falta de liquidez, lo que puede resultar en que estas no puedan cumplir con sus propias obligaciones, afectando en muchas ocasiones a sus colaboradores y proveedores. En segundo lugar, las empresas no pueden planificar adecuadamente su crecimiento, ya que gran parte de este depende de la inversión de capital, que se ve restringida por la falta de pago. Finalmente, este dominó de consecuencias termina afectando el sistema bancario nacional, debido al aumento de la cartera morosa del sistema provocado por el incumplimiento de las empresas a las cuales el Estado les adeuda sus pagos por bienes entregados y servicios prestados.
Los procesos de cobro obstaculizados y el incumplimiento de los términos acordados de pago por parte de las instituciones públicas deteriora la transparencia, pone en duda la precisión de la información de pasivos contabilizados, desmotiva la participación del sector privado en los programas gubernamentales y termina afectando su desempeño y a los ciudadanos.
A pesar de esta situación, resaltamos como positivo la colaboración evidente de algunas instituciones como el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) y la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG) en reducir los saldos. Sin embargo, como se puede observar, los impagos del Estado tienen consecuencias negativas directas en la economía nacional y más importante en los ciudadanos beneficiarios de los programas. Por ello, urge que el Gobierno Nacional atienda este problema y honre a la brevedad los compromisos adquiridos hasta tener antigüedades sanas de cuentas por pagar para beneficio general de las instituciones, la empresa privada y la ciudadanía en general.
Adolfo Fábrega García de Paredes
Presidente CCIAP
