Indudablemente, el funcionamiento de un sistema judicial y el respeto por la ley constituyen el principal indicador de la salud de una sociedad. A pesar de cualquier otro logro, como un alto Producto Interno Bruto (PIB) o inversiones extranjeras, si la justicia es deficiente y la ley es ignorada, esos éxitos carecen de significado real.
Los recientes casos de alto perfil en nuestro país han puesto de manifiesto la necesidad de seguir trabajando en el mejoramiento de nuestro sistema de administración de justicia y reforzar el imperio de la ley. Es preocupante que sigamos enfrentando una justicia vulnerable, que a menudo, permite la impunidad a quienes la desafían sistemáticamente.
Lastimosamente, a lo largo de los años, hemos sido testigos de cómo el robo descarado de los recursos estatales queda impune debido a nuestra debilitada institucionalidad. Esto no es un problema menor, ya que esta conducta delictiva y el desprecio constante por la ley tienen consecuencias que van mucho más allá de los tribunales, afectando la calidad de vida de toda una población, la infraestructura del país y la calidad de los servicios públicos.
Sin una justicia confiable y expedita, la estabilidad social y económica se vuelve inalcanzable, y tampoco podemos esperar en convertirnos en un destino atractivo para la inversión extranjera ni lograr un clima de convivencia pacífica en el que las reglas se apliquen de manera igualitaria. Además, aquellos encargados de administrar los recursos públicos, nunca se sentirán verdaderamente obligados a rendir cuentas o a gestionar dichos recursos de manera responsable.
Es alentador ver que se reconoce la importancia de avanzar en la implementación del Plan Estratégico 2020 – 2030 del Órgano Judicial. La implementación exitosa de este plan estratégico es esencial para fortalecer el Estado de Derecho y garantizar el acceso a una justicia efectiva para todos los ciudadanos. La transparencia, la rendición de cuentas y la mejora continua son pilares clave en este proceso.
Por eso, como gremio, seguimos comprometidos en la lucha por un Estado de Derecho completo; de allí que, esta semana celebraremos el próximo foro del Proyecto Agenda País 2024 – 2029, enfocado en una Institucionalidad Transparente, Eficiente y Participativa; donde resaltamos la importancia del equilibrio de los poderes públicos, la promoción de confianza y estabilidad, la justicia imparcial, las reglas claras para todos los actores y la seguridad jurídica constante. Durante este foro revisaremos propuestas concretas, como la inminente salida de nuestro país del PARLACEN, organismo que no demuestra brindar aportes reales al devenir de Panamá y por el contrario se ha convertido en una coraza de impunidad tras la cual se escudan políticos y personajes involucrados en casos de alto perfil; entre otras iniciativas que contribuyan firmemente al fortalecimiento institucional.
Solo cuando logremos esto, podremos mirar hacia nuestros indicadores económicos con optimismo, sabiendo que lo que vemos es una realidad y un futuro brillante en lugar de un espejismo.
Adolfo Fábrega García de Paredes
Presidente CCIAP
