El fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre la Ley 406 fue emitido de manera oportuna, sin embargo, ha generado incertidumbre y un vacío informativo en cuanto a los planes de acción. Tras esta decisión, es imperativo que se tomen rápidamente una serie de pasos y procesos que establezcan las bases para llevar a cabo un cierre ordenado y responsable de las operaciones mineras en el distrito de Donoso. Dada la complejidad de este proceso que requiere amplio tiempo y una inversión significativa, es urgente definir de manera inmediata los pasos que nos conduzcan hacia un escenario ideal.
Ante la ausencia de un plan de acción estudiado y consensuado, es necesario activar de forma urgente un comité técnico multisectorial, liderado por individuos de reconocida credibilidad y respaldados por diversos grupos civiles. Este comité deberá llevar adelante un proceso donde se defina un plan de acción integral en aspectos ambientales, jurídicos y económicos. Además, es fundamental que cuente con la legitimidad correspondiente para que sus decisiones sean vinculantes.
Nos encontramos frente a un asunto eminentemente técnico que debe abordarse con seriedad y celeridad. Este tema debe organizarse en cuestión de días para que el país cuente prontamente con una ruta clara de lo que debe suceder.
En medio de un contexto de dolor humano, pérdida de semanas escolares y crisis económica en diversos sectores, es crucial evitar que nos movamos en círculos y que el desenlace sea un desastre ambiental o la explotación ilegal de áreas, como ocurrió en otros países.
Los panameños merecemos que se trate el tema de manera diligente, con las salvaguardas del caso, pero pensando en avanzar hacia la solución que planteó la ciudadanía, y determinó la Corte Suprema de Justicia.
Además de abordar el futuro de la actividad minera, es esencial considerar un plan de recuperación para los sectores económicos afectados, así como para los estudiantes que han experimentado retrasos y la reputación internacional del país que se ha visto perjudicada. Asimismo, es necesario diseñar un plan de preparación para la potencial pérdida del grado de inversión y su futura recuperación.
Como panameños, debemos ser conscientes de que el cierre de las calles fue una herramienta para expresar el descontento, el cual resultó perjudicial para la economía y la vida de muchos. Se avecinan tiempos difíciles y el uso frecuente de esta herramienta solo nos conducirá al precipicio como país. Esto es lo que persiguen diferentes agendas ocultas, por lo que como ciudadanía debemos reconocer de forma generalizada que esto solo traerá desgracia. Hemos sido testigos de formas alternativas de manifestación y protesta.
Si hace dos meses la sociedad permanecía en la incertidumbre sobre el camino a seguir, hoy lo tenemos claramente marcado. Por ello, corresponde dar los siguientes pasos de forma inmediata, concreta, transparente y, sobre todo, debidamente comunicada.
Adolfo Fábrega García de Paredes
Presidente CCIAP
