Las protestas en Panamá Oeste la semana pasada y las históricas demandas de diversas comunidades en diferentes puntos del país por falta de agua en sus hogares, nos llevan a elevar, una vez más, nuestra voz ante las autoridades sobre la urgencia de atender de manera integral las necesidades más apremiantes de los ciudadanos.
Los cierres de vías, sin duda causan malestar a muchos y afecta negativamente a la economía del país, pero toca también entender que es inexcusable que en pleno siglo XXI existan áreas del país, entre esas zonas urbanas, que no cuenten con acceso al agua de forma regular; siendo Panamá un país con tanto recurso hídrico, de exuberante vegetación y en el cual llueve la mayor parte del año.
Según los entendidos en la materia, la falta de agua puede ser catalogada como el resultado de una débil gobernanza en materia de agua potable y saneamiento, donde los diferentes actores: Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN), Ministerio de Salud (MINSA) y Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) no han logrado desempeñar sus roles a cabalidad, siendo el IDAAN, la institución que sigue ejerciendo los roles de planificador, rector y prestador de servicios, asumiendo el rol de juez y parte en un sistema que, para muchos, brinda servicios ineficientes, y donde los gobiernos de turno se han enfocado en proponer proyectos de ley que contradicen las funciones de los actores.
Sumemos también el que, en la práctica, la intromisión de la política no ha dejado funcionar al IDAAN con suficiente autonomía para desarrollar planes con enfoque a corto, mediano y largo plazo, que den prioridad a acciones a corto plazo que brinden alivio a la población para que se perciban mejoras en el servicio, mientras se trabaja en los esfuerzos a mediano y largo plazo, que generen las condiciones para un abastecimiento total.
En materia de agua y saneamiento, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) en su documento Agenda País 2019 – 2024, planteó a los candidatos presidenciales el desafío de contar con una empresa pública con verdadera autonomía política, administrativa y financiera, con estructura legal, que facilitase el desarrollo del plan de inversiones y un adecuado funcionamiento para la gestión, distribución y suministro de agua potable; esto se traduce en una transformación radical del IDAAN que logre resolver oportunamente la creciente demanda de agua de nuestra población, y un fortalecimiento de políticas y normativas de la ASEP en sus funciones de fiscalizador, y del MINSA en cuanto a salubridad e higiene de las aguas; para que entre todos se puedan tomas decisiones coordinadas en materia de servicios públicos.
La actual administración gubernamental está a tiempo de tomar pasos que lleven a solucionar el problema del agua potable. De igual manera, comprometemos a futuras administraciones a dar prioridad a este tema, aunque somos conscientes que el abandono de tantos años requiere de una solución que tomará tiempo.
Hoy insistimos, con urgencia notoria, en la atención inmediata de las necesidades básicas de los panameños y sus derechos plenos. Para mañana es tarde.
Marcela Galindo De Obarrio
Presidente CCIAP
