Las revelaciones del Contralor General de la República sobre auditorías practicadas en planillas de la Asamblea Nacional, además de confirmar las aprensiones de los ciudadanos acerca del manejo dado en dicho Órgano del Estado a recursos públicos, justifican el reclamo general para que, de una vez por todas, se produzcan los cambios a todos los niveles que lleven a erradicar la corrupción y la impunidad en el país y que nos orienten afianzar nuestra democracia amenazada por estos males endémicos.
Esgrimir argumentos que pretenden mantener cualquiera de nuestros Órganos del Estado por encima de las leyes, donde todo parece indicar que personas sin función alguna o ejecución de trabajo que merezca remuneración lo han recibido, es tan injustificable como perverso.
Una de las razones que llevan a exigir una auditoría exhaustiva y hasta las últimas consecuencias de estas conductas, es justamente salvaguardar el honor de quienes realmente llevan adelante un trabajo esforzado, digno y honrado.
A luz de lo ya visto, está demostrado que el mal de todo esto es de carácter endémicamente sistémico y arrastrado por décadas, en virtud del carácter clientelista del vigente modelo para elegir a los miembros de nuestro parlamento. De allí la urgencia con que dicho sistema, biológica y culturalmente opuesto a la apertura, la transparencia y la redición de cuentas, pretende salir al paso de toda acción fiscalizadora que busque claridad sobre sus procederes.
La impotencia agobia a la sociedad panameña con este nuevo escándalo que se suma a la lista de supuestos actos de corrupción desde diferentes instancias del Estado. Y lo más triste de todo, comprobar que ingentes recursos, necesarios para solucionar grandes problemas nacionales, van a parar a los bolsillos de los corruptos.
Todo lo anterior lleva a la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá a exigir que, lejos de levantar obstáculos a la gestión de la Contraloría General de la República, se le permita llevar a cabo las investigaciones pertinentes en todo lo amplio de su jurisdicción y que las mismas se extiendan a todos los rincones del Estado, tal y como lo manda la Constitución.
Hoy como ayer, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá alza su voz; al igual que hace tres décadas cuando formamos la Cruzada Civilista. Una vez más hacemos el llamado a unirnos con responsabilidad y conciencia ciudadana exigiendo un alto a los desmanes del poder político de todos los Órganos del Estado; así como un alto a la impunidad, la cual no toleraremos.
Exigimos el cumplimiento de lo que ordena la Constitución Política de la República de Panamá y sus leyes, a fin de que se haga Justicia de forma efectiva, honesta y transparente, por ello estaremos atentos para alcanzarlo.
Gabriel Barletta
Presidente CCIAP
