En la coyuntura que atravesamos, en la cual nuestro país reclama justicia y ha emprendido una lucha contra la corrupción, consideramos que los presupuestos del Órgano Judicial y del Ministerio Público deben tomar mayor preponderancia, y ser cónsonos con las importantes funciones de estos entes y los resultados que esperamos de ellos. Por lo anterior, apelamos a que se revisen con detenimiento las vistas presupuestarias de estas entidades de administración de justica y se realicen los ajustes necesarios, dotándoles de los recursos que les permitan realizar el trabajo que la sociedad les exige, de manera independiente.
Por otra parte, los presupuestos así asignados deben ir dirigidos de manera efectiva a temas de prioridad. Por ejemplo, vemos con preocupación que a la fecha no hay avances significativos en la implementación de la carrera judicial, ley de la República desde 2015, y la cual requiere de inversión en infraestructura, tecnología, contratación de personal, evaluación de gestión y capacitación, así como la creación del Tribunal Especial de Integridad y Transparencia.
Por otra parte, hay tribunales como los relacionados a pensión alimenticia, procesos de insolvencia, comarcales y ambientales, que fueron creados por Ley pero que no han sido ejecutados ya que no se les ha designado jueces, personal o espacio físico.
Nuestros administradores de justicia deben ser las personas más idóneas para el puesto, con solvencia moral y de ejecutoria, gozar de estabilidad laboral, compensación y beneficios que los motiven y que nos aseguren contar con administradores de justicia incorruptibles.
Con independencia, seguridad y calidad de la justicia, lograremos el tan anhelado Estado de Derecho que nos permitirá avanzar como Nación, asegurando los derechos de todos nuestros ciudadanos.
Inocencio Galindo De Obarrio
Presidente CCIAP
