A la Asamblea Nacional le restan únicamente 8 días hábiles para culminar el segundo periodo ordinario de legislatura. Por ello, nos corresponde hacer un balance de la gestión de los diputados, el cumplimiento de sus responsabilidades para adecentar el país y revisar los asuntos pendientes.
De las acciones de ejecución inmediata para combatir expresamente la corrupción, se completó satisfactoriamente el mecanismo de “delación premiada”, a través de la Ley No. 4 de 2017. Esta regulación impulsada con el objetivo de simplificar los procesos y brindar celeridad a los casos de investigación, fue sancionada hace cerca de 2 meses. Como ciudadanos y agrupación, anhelamos ver con prontitud los resultados de su aplicación.
Entre las tareas no completadas se encuentran las reformas al Código Electoral. El Proyecto de Ley 292, del cual se desconoce aún el texto único, aguarda su tercer debate. Esperamos que las modificaciones realizadas en segundo debate continúen en apego al espíritu que la motivó.
Por otra parte, el Proyecto de Ley que modifica la norma vigente para la contratación pública, el cual retornó objetado al hemiciclo en junio pasado, ha sido postergado a lo largo de todo este periodo. Llamamos nuevamente la atención para que sea retomado previa adjudicación de nuevos proyectos. Sobre esta normativa, reiteramos la necesidad de incluir instrumentos de inhabilitación a empresas que hayan sido condenadas local o internacionalmente por delitos de blanqueo de capitales o corrupción.
Desde febrero pasado advertimos la prioridad que merecen estos temas, especialmente para un país que emprendió una cruzada para dejar claro que aquí no permitimos que se roben los dineros del pueblo.
Jorge García Icaza
Presidente CCIAP
