El Observatorio de Seguridad Ciudadana (OSC) de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) en alianza estratégica con el Órgano Judicial y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), presentó el noveno Informe de Seguridad Ciudadana que consta de un Monitoreo Operativo del Sistema Penal Acusatorio (SPA) en Panamá, que incluye una encuesta a Operadores y Usuarios de este sistema en el Distrito de Panamá.
“Este informe es el resultado de un esfuerzo público privado, tras la firma de un Convenio Marco que sostuvo la CCIAP y el Órgano Judicial el 22 de febrero de 2017, con la finalidad de intercambiar información relacionada con el Sistema Penal Acusatorio, permitiendo a la ciudadanía el acceso a esta información, a través de la recopilación, análisis y difusión de los datos proporcionados, lo que permitirá a las Instituciones tener cifras al día y en detalle, para así establecer las estrategias necesarias para enfrentar eficazmente los problemas de seguridad que afronta el país”, explicó Jean Pierre Leignadier, vicepresidente de la CCIAP.
La implementación del SPA en nuestro país fue de manera progresiva, iniciando en el año 2011 y finalizando su implementación en toda la República de Panamá el día 2 de septiembre de 2016.
Monitoreo del SPA
Con relación al diagnóstico o monitoreo de las condiciones operativas del SPA, el informe está basado en los registros de la Oficina de Implementación del Sistema Penal Acusatorio (OISPA) y la Dirección Administrativa de Estadísticas Judiciales y Oficinas Judiciales del SPA; y a través de la aplicación de una encuesta de evaluación de los diferentes operadores y usuarios que integran o interactúan dentro del SPA en el Distrito de Panamá, específicamente en el Primer Circuito Judicial de Panamá.
El informe revela que, desde la implementación del SPA, el 2 de septiembre de 2011 hasta el 31 de diciembre de 2017, se han realizado un total de 136,345 audiencias que han sido dirigidos por los Jueces de Garantías. El porcentaje total de audiencias de garantías ha aumentado con los años, en el 2012 era de 5% y en 2017 tuvo un alza de 43%.
Otro de los aspectos que destaca este documento es la duración de los procesos desde cuando se inicia el proceso o la primera solicitud en el Órgano Judicial, hasta cuando se conoce la resolución de primera instancia emitida por los jueces de garantías, se ha reducido a 46 días, mientras que, en el Sistema Mixto Inquisitivo, desde el ingreso al juzgado hasta la resolución de primera instancia, la duración era de 296.3 días, es decir casi 10 meses para conocer el resultado en materia penal.
Según la Dirección Administrativa de Estadísticas Judiciales del Órgano Judicial, se han aplicado durante el periodo del 2 de septiembre del 2011 hasta el 31 de diciembre de 2017, 16,925 medidas cautelares. Un 34% del total de las medidas cautelares (5,794) aplicadas en este tiempo, corresponden a reportes periódicos que deben someterse los imputados; por otro lado, el 26% pertenecen a las detenciones provisionales por el término que dure la investigación, lo que corresponde a la cifra de 4,472. Mientras que un 12% corresponde a la prohibición de salida del país, con 1,938.
Las soluciones de conflicto penal, de acuerdo con los registros es la solución que más ha sido dictada por un juez de garantía durante dicho periodo, ya que el 51% del total de soluciones de conflicto penal, suspende proceso sujeto a condiciones. Mientras que el 39% de las resoluciones dictadas por un juez de garantía para la resolución de conflictos, corresponden a los acuerdos de pena. Este tipo de acuerdos es la herramienta fundamental para la agilización de flujos de casos dentro del sistema, lo cual brinda salidas propicias de las causas, beneficiando a las partes involucradas.
Por otra parte, estadísticas del SPA indican que del 2 de septiembre de 2011 al 31 de diciembre de 2017 en todo el país se han dictado un total de 692 sentencias ante el Tribunal de Juicio Oral. De ese total, el 59% (409) de las sentencias emitidas por los Tribunales de Juicio Oral son de tipo condenatorias, el 39% absolutorias (269) y el 2% Mixtas (14). Mientras que, en el Primer Distrito Judicial, comprendidos por las provincias de Panamá, Panamá Oeste, Colón y Darién, se han dictado por los Tribunales de Juicio Oral de un total de 107 sentencias de las cuales el 62% son condenatorias, el 34% absolutorias y el 4% mixtas, durante el período comprendido del 2 de septiembre de 2016 al 31 de diciembre de 2017.
Además, esta investigación destaca que del 2 de septiembre de 2011 al 31 de diciembre de 2017 se interpuso 3,646 recursos o acciones atendidos por los Magistrados de los Tribunales Superiores de Apelaciones. Un 76% de los recursos observados por estos operadores de justicia se realizó por la acción de la apelación, un 10% por recursos anulados, un 7% por la vía de Habeas Corpus, un 3% son recursos de hechos y un 4% son otros tipos de recursos o acción interpuesta.
En el periodo antes mencionado, a nivel nacional se realizó un total de 22,270 audiencias por los Jueces de Cumplimiento. Los mayores porcentajes en este tipo de audiencias corresponden a las provincias de: Panamá (35%) debido a que ésta es la mayor población sancionada del país; así como en las provincias de Coclé (20%), Herrera (12%) y Veraguas (11%), éstas últimas porque fueron las primeras provincias donde se implementó el Sistema Penal Acusatorio. En tanto, en Chiriquí (4%), Panamá Oeste (6%) y Colón (2%), debido al bajo porcentaje de sentencias condenatorias dictadas en los Tribunales de Juicio Oral.
Por otro lado, las provincias que han registrado la mayor cantidad de población sancionada en los diferentes juzgados de cumplimiento del país en el SPA, si lo comparamos con el Sistema Penal Inquisitivo, en el periodo del 2 de septiembre de 2011 al 31 de diciembre de 2017, sobresalen: Panamá (2,813), Coclé (2,404), Los Santos (999), Herrera (985), Veraguas (974), Panamá Oeste (968) y Darién (150). Sin embargo, se observa un mayor número de condenados atendidos en los juzgados de cumplimiento en el sistema.
Encuesta
Esta encuesta, presentada por el Observatorio de Seguridad Ciudadana de la CCIAP, reveló que el 85% de los encuestados considera el Sistema Penal Acusatorio bueno, no obstante, el 16 % lo consideró regular, este dato corresponde a nivel general del sistema.
Con respecto al nivel de desempeño que tienen las instituciones del SPA a nivel general estas obtuvieron una puntuación regular de 3.82. Las mejores puntuaciones la obtienen la Defensa Pública con 4.10 y el Órgano Judicial con 3.93.
En otro aspecto, los Operadores y Usuarios del Primer Circuito Judicial de Panamá del distrito de Panamá que participaron de la encuesta indicaron que en un 94% se cumple el proceso con mayor transparencia, y con un 93% el respeto a las garantías y derechos humanos, sin embargo, la participación y atención integral a la víctima se reflejó con un porcentaje de 77%, este último refleja un indicador bajo con respecto a los demás señalamientos.
Por otro lado, de los encuestados, en su mayoría, consideraron más eficiente el Sistema Penal Acusatorio que el sistema Mixto Inquisitivo, con un 94%. Lo calificación fue positiva en cuanto a inmediación con 4.64, transparencia 4.47, garantías 4.47 y el tiempo de resolución de procesos en 4.26 puntos.
Asimismo, el nivel de desempeño de los diversos operadores y usuarios del SPA, las mejores puntuaciones fueron para los Jueces de Cumplimiento 4.39, Defensores Públicos 4.27 y los Magistrados del Tribunal Superior de Apelaciones 4.26.
En cuanto a la función y desempeño de los operadores y usuarios fueron evaluados de la siguiente manera: Juez de Garantías obtuvo 4.52 en asegurar la oportunidad de participación de las partes: fiscalía, defensa y defensa víctima; Juez de Juicio Oral logró 4.34; Juez de cumplimiento 4.35 aunque debe reforzar las visitas e inspecciones en los Centros Penitenciarios, al fin que se logre dar la resocialización; Magistrados del Tribunal Superior de Apelaciones 4.42; Defensor Público 4.45; Defensor Privado la valoración fue regular 3.14, debido a la baja calificación que le dieron los Jueces, defensores y fiscales; Defensor de la Víctima en la representación y asistencia efectiva de la víctima alcanzó 4.18 en litigar efectivamente en el acto de audiencia 4.14, pero sus mayores debilidades recaen en dar seguimiento a las notificaciones 3.38 y en preparar y presentar los medios de impugnación ordinarios y extraordinarios que procedan conforme a la ley 3.11.
Por su lado, los Fiscales con relación a la función y desempeño de los operadores y usuarios fueron evaluados 4.17 (dirigir las investigaciones), 4.15 (coordinación de las acciones con los organismos de
Investigación) y 4.10 (litiga con eficiencia en las audiencias); Fiscal Superior 3.99, en cuanto al nivel de desempeño en sus funciones, siendo evaluados de buena manera por los Jueces con 4.20; y de manera regular por los Defensores 3.73; la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) fue evaluada de forma efectiva con 4.02, el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMELCF) obtuvo un nivel desempeño positivo con 4.24 y los actores del SPA que mayor interactuaron con la Policía Nacional, le dan una calificación regular de 3.73.
En general, el Sistema Penal Acusatorio es percibido por los diferentes operadores y usuarios, con un 83% como imparcial y garante del derecho, tanto de la víctima como del victimario. Esta puntuación se hace significativa entre Jueces y Fiscales. Sin embargo, los Defensores evalúan un poco más bajo esta imparcialidad del sistema y el derecho al debido proceso de las garantías constitucionales.
